No sorprende la rapidez con que la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, presidida por Napoleón Rojas, de la Unión del Cambio Nacional, emitiera dictamen favorable a la propuesta de ley contra el terrorismo. Este anteproyecto es una estrategia del CACIF, de políticos que se han enriquecido impulsando procesos corruptos, militares y otros sectores conservadores que buscan formalizar la criminalización de las luchas y demandas de los diferentes pueblos que en Guatemala han tomado conciencia que su situación actual es producto de la excesiva concentración de la riqueza económica que ejercen pequeños feudos. Para los colectivos indígenas beligerantes, esta es una maniobra para controlarlos ante el permanente estado de protesta en que se han mantenido por la imposición de millonarios megaproyectos en diferentes regiones del país que amenazan con destruir sus manantiales de agua, sus espacios de vida y recursos de subsistencia. La ley contra el terrorismo no