Dice mucho de las carencias y esencias siniestras de Guatemala que, a nueve semanas de haber tomado posesión y como consecuencia de cumplir con su mandato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgue medidas de protección al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade y a su familia.

El mensaje que la CIDH envía al mundo es que, en Guatemala, la defensa de los derechos humanos es un trabajo de alto riesgo porque va contra los intereses de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos y grupos de derecha.

Desde que tomó posesión, Rodas ha enfrentado con capacidad la crisis política urbana, creada por las necias y poco éticas decisiones del presidente Jimmy Morales, que busca expulsar del país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Es evidente que la presencia de Rodas en la Procuraduría incomoda a grupos de poder, quienes deben soportar a un magistrado de conciencia que se ha rehusado a ser indiferente ante las ilegalidades de un Congreso lleno de criminales y porque se ha pronunciado a favor de luchar contra la corrupción, y en defensa de comunidades indígenas desalojadas en áreas remotas y pobres.

Por eso, ante un Estado que prioriza atender a la burbuja capitalina, es alentador que el Procurador planteé que la defensa de los derechos humanos pasa por acompañar a las Guatemalas profundas, olvidadas, desechadas y en su mayoría indígenas.

La postura de Rodas no sorprende dado que es de los pocos profesionales ladinos que no ha utilizado el discurso multicultural como un cliché de moda, como lo hacen algunos colectivos urbanos, quienes repentinamente se ven ante la frenética tarea de acercarse a lo indio o incluirlo en sus círculos para “parecer incluyentes”. Al inicio de su carrera política, Rodas fue de los pocos quetzaltecos que, sacrificó su privilegio racial, apoyando y participando dentro del comité político indígena Xel-Jú, convirtiéndose en un traidor de raza para muchos ladinos de esa estratificada ciudad.

Hoy, garantizar la seguridad y vida del Procurador es elemental, pero sus logros dependen de que la sociedad comprenda que la lucha por la defensa de los derechos humanos es una obligación colectiva que permitirá construir un mundo distinto.