Más del 30% del total del presupuesto de gastos del Estado se destina a pagar sueldos y salarios; eso significará un monto, según el proyecto de presupuesto que actualmente se discute, de alrededor de Q25.8 millardos en 2018. Este rubro es tan importante dentro del proceso presupuestario que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 238, indica específicamente que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará “…la forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas”. Dada su importancia, resulta injustificable el poco cuidado que se ha tenido en mantener actualizadas las regulaciones relativas al servicio civil y las clases pasivas, así como al efecto presupuestario que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo o el pago arbitrario de “bonos de riesgo” o “de productividad” que ahora proliferan desordenadamente. Lo que es más grave