Uno de los personajes que está jugando un rol a favor de los sectores conservadores y corruptos de Guatemala –donde convergen la elite económica, política y la sanguinaria elite militar, sean miembros de iglesias protestantes o católicas– es el representante del Vaticano, el Nuncio Apostólico Nicolás Thevenin. Él ha mantenido un respaldo incondicional al paupérrimo gobierno de Jimmy Morales y en espacios no públicos promueve una actitud de intervenir en la política del Estado guatemalteco.

Ante esta actitud surge la interrogante: ¿Cuál es el rol y las funciones que el Nuncio Apostólico puede desempeñar en Guatemala? ¿Son responsabilidades de carácter religioso o posee un mandato que le permite promover actividades a favor de las elites tradicionales y extractivas?

¿Con qué facultad Thevenin convoca a representantes de embajadas y sectores conservadores para negociar apoyos para que se sostenga el gobierno de Morales? ¿Es esto prudente?

La postura de que se vaya o se mantenga Morales y los funcionarios corruptos en el poder es una decisión que solo le incumbe al pueblo de Guatemala. Además, si un gobernante pudo haber participado en hechos ilícitos, por qué no apoyar que se someta a la ley igual que lo hace cualquier ciudadano y con mayor razón deben hacerlo quienes tienen responsabilidades como funcionarios, porque al que más se le da, más se le debe exigir.

Es urgente que el papa Francisco evalúe el trabajo del Nuncio en Guatemala, porque sus acciones están mostrando que en lugar de contribuir a la armonía está generado contradicciones, discordia y su discurso no corresponde a la voluntad de la mayoría de ciudadanos de clase media y pobre. Y ni siquiera para quienes profesan la religión católica, puesto que está en frontal oposición al clamor del pueblo que ya cansado busca destruir las estructuras corruptas que han convertido a Guatemala en una fábrica de pobres.

Thevenin debe darse cuenta que ya no vivimos en la época medieval, época durante la cual la iglesia católica definía las acciones de los monarcas. En Guatemala se está luchando porque se materialice un Estado de derecho, el cual no permite que las doctrinas religiosas rompan el ordenamiento jurídico.