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Opiniones de hoy

El ejercicio del poder local

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El alcalde y los políticos locales no tuvieron más que, resignados, aceptar la decisión del pueblo.

 

Conforme el sistema político se ha ido desnaturalizando y corrompiendo con el tiempo, el poder local –a nivel municipal y de los consejos departamentales de desarrollo- en muchas áreas del país ha sido capturado por caciques y pseudo-líderes cuyo propósito es enriquecerse, ellos y sus allegados, mediante la apropiación indebida de los recursos públicos bajo su administración.

Este sistema patrimonialista perpetúa –mediante la malversación de fondos- la escasez y poca calidad de los servicios públicos, lo cual genera una ingobernabilidad que amenaza los cimientos mismos de la democracia. La captura del poder local crea  un monstruo que alimenta su insaciable apetito con los recursos del presupuesto del Estado. En 2017 las municipalidades tienen asignados recursos por casi Q6 mil 800 millones, mientras que los consejos departamentales de desarrollo cuentan con más de Q2 mil 150 millones, montos que en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para 2018 se elevan, entre ambos, a más de Q10 mil 500 millones.

Esta enorme cantidad de dinero, que representa más del 11 por ciento del presupuesto de gastos del Estado –financiado con nuestros impuestos-, se convierte en un botín que no solo se ejecuta casi siempre de manera opaca (sin que la Contraloría pueda auditarla adecuadamente) sino que, además, no está alineado a las políticas de gobierno sino a los caprichos del cacique local o del gobernador de turno (nombrado a dedo y, muchas veces, sin mérito alguno).

En medio de ese escenario deprimente surge un rayo de esperanza en muchas comunidades del país que, al amparo de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se organizan en consejos comunitarios que plantan un importante contrapeso al oscuro poder del establishment personificado por los alcaldes municipales. Uno de esos rayos brilla en la aldea La Guardianía (municipio de Masagua, Escuintla), que tuve ocasión de visitar la semana anterior, y donde el Consejo Comunitario de Desarrollo –Cocode- está haciendo una destacada labor de formación ciudadana, obra pública y participación social.

La Guardianía tiene cerca de 2 mil 500 habitantes distribuidos en menos de 400 viviendas ubicadas a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal y a las cuales se accede por un camino de terracería. Hasta hace tres años, como en la mayoría de aldeas del país, las autoridades del Cocode (incluyendo su presidente, o alcalde auxiliar) las nombraban inconsultamente desde la sede municipal. La última vez, sin embargo, los vecinos reclamaron los derechos que les confiere la ley y exigieron elegir ellos mismos a sus representantes (como debería ser el caso en todas las alcaldías auxiliares del país). El alcalde y los políticos locales no tuvieron más que, resignados, aceptar la decisión del pueblo.

Desde entonces la aldea ha cambiado notablemente, para bien. El Cocode ha hecho gestiones y alianzas importantes, incluyendo una con la Fundación del Azúcar –Fundazúcar-, de la que ha obtenido asesoría para la formación de mujeres, jóvenes, maestros y enfermeros que sirven a la comunidad. Lo más importante es que ha definido un excelente Plan de Desarrollo Integral Comunitario que prioriza los proyectos que los comunitarios impulsarán en la próxima década, algunos de los cuales son ya una realidad (como la calzada de acceso a la aldea y la obtención de fondos públicos para el sistema de agua potable).

Lo que se ve en comunidades como La Guardianía da esperanzas de que los guatemaltecos podemos progresar (a pesar de la debilidad de las instituciones y del sistema político) cuando a los ciudadanos se les respeta su derecho a decidir, se les da acceso al conocimiento y se les alienta a organizarse y a hacer alianzas constructivas.

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