Ante la ausencia de propuestas concretas de reactivación económica por parte del Ejecutivo, llega en buen momento la propuesta del Consejo Económico Social para abordar tan urgente e importante asunto. La propuesta presentada incluye, entre otros temas, oficializar la Política Nacional de Competitividad y la Política de Empleo Digno; dos elementos claves e insustituibles dentro de cualquier agenda de reformas que busque promover el crecimiento económico, la creación de empleo, la productividad y la inversión en el país. Ahora bien, una cosa es reactivar una economía en el corto plazo y otra muy distinta promover una estrategia de desarrollo económico de mediano y largo plazo. Sin entrar a conocer los detalles, méritos y sustento técnico detrás de cada una de estas políticas, es preciso reconocer que por la naturaleza de los problemas que pretenden resolver, ambas se orientan primordialmente hacia el mediano y largo plazo. Razón por la cual muchas de las intervenciones específicas en ellas contenidas no necesariamente se pueden echar a andar de manera inmediata, ni están pensadas para producir resultados inmediatos, mucho menos están diseñadas para estimular en el corto plazo a una economía desprovista de fuerza y plagada por la desconfianza y expectativas negativas.

A pesar de todo, es mejor dar el primer paso que quedarse parado con los ojos cerrados; corresponde ahora a Morales y a su gabinete económico encontrar la forma de traducir la referida “oficialización” en acciones concretas que puedan tener un impacto directo y sensible en los principales indicadores de la actividad económica nacional. Faltaría, claro está, que tales acciones sean las adecuadas para reactivar la economía y que exista dentro del sector público la capacidad para ejecutarlas de manera correcta y oportuna. De cualquier forma, aunque no fueran las acciones idóneas o no se ejecutaran adecuadamente, en momentos como los actuales, cuando no parecieran existir prioridades claras por parte del gobierno y se cuestiona fuertemente la integración y justificación del presupuesto público, una propuesta priorizada de acciones de gobierno en materia económica, de infraestructura, competitividad y empleo algo ayudaría a moderar las expectativas negativas hoy existentes. Sea que adopten la propuesta del CES o no, mal haría el presidente y su gabinete económico si desaprovechan la oportunidad que se les presenta.