El Estado de Guatemala y sus tres pilares: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de 1997 (gobierno de Álvaro Arzú) sin consultar a comunidades y violando marcos de derechos nacionales e internacionales, decidió ponerse al servicio de la explotación minera de recursos metálicos al regalarlos bajando las regalías del seis al uno por ciento (Decreto 48-97). Legalmente le abrieron las puertas a las corporaciones, que junto a la corrupción estatal, han convertido en millonarios a los últimos Ministros de Energía y Minas, alcaldes, burocracia municipal y nacional, y algunos miembros de la prensa. Hoy, las empresas mineras son uno de los sectores más corruptos y simultáneamente, uno de los principales violadores de los derechos humanos individuales y colectivos. Irónicamente son trasnacionales de capital canadiense, estadounidense, europeo o asiático que en sus países no podrían defender el derecho al trabajo a costa del derecho a la vida humana, vegetal o animal;