Ante esto, las declaraciones de Alejandra Reyes, viuda de Byron Lima Oliva, no deben sorprender.

Históricamente, a lo largo de América Latina, el Ejército se creó y fue establecido como una institución designada para mantener las estructuras de poder de las elites criollas por medio de la fuerza y la violencia. Guatemala no fue la excepción. Por eso, durante el conflicto armado las mismas elites ayudaron a diseñar las características del enemigo interno. Concepto que no solo se designó para quienes mantuvieran ideologías contrarias, socialistas o comunistas sino que también se aplicó a grupos, comunidades y colectivos organizados que amenazaban con derrumbar las estructuras sociales, económicas y políticas que desde la Colonia mantenían y mantienen a las elites en el poder y al resto de la población en condiciones de miseria y exclusión.

Por eso, durante el conflicto armado, las elites ayudaron en las campañas de contrainsurgencia y demandaron la instalación de destacamentos del Ejército en áreas estratégicas para acabar con grupos que buscaban la legalización de sus tierras, procesos demostrados en los juicios por genocidio en 2013 y Sepur Zarco en 2016.

A pesar de que los militares guatemaltecos crearan sus propias redes de poder para generar ingresos de manera ilícita, por intermedio del crimen organizado y el narcotráfico, durante el proceso de transición democrática y hasta el presente en época de posguerra, para algunos, su rol como vasallos de las elites no se transformó significativamente.

En la “democracia” de Vinicio Cerezo, miembros del Ejército y del Estado Mayor Presidencial (EMP) fueron los autores intelectuales y materiales del asesinato de la antropóloga Myrna Mack. En época de “paz” nuevamente miembros del EMP de Álvaro Arzú fueron condenados como responsables materiales del asesinato de monseñor Juan Gerardi, ocurrido después de la entrega del informe: Guatemala Nunca Más.

Ante esto, las declaraciones de Alejandra Reyes, viuda de Byron Lima Oliva, no deben sorprender. Lima Oliva era un sirviente y guardaespaldas más de la oligarquía guatemalteca. Por eso, políticos, elites y otros militares lo beneficiaron y permitieron que se enriqueciera por casi dos décadas. A esa red criminal de elites y militares la CICIG la tocó, con el caso “Caja de Pandora”, por eso, le han declarado la guerra al comisionado Iván Velásquez.