De unos días para acá, voceros oficiosos y orgánicos de encausados en procesos de corruptela y segmentos del empresariado organizado. Propalan por aquí y por allá que en este país la justicia es selectiva, que persigue a determinados –e intocables– personajes y deja por un lado a otros. Efectivamente, hay que reconocerlo, esta vez tienen razón. En este país la justicia solo persigue a los descalzos –Beato Monseñor Romero– es rigurosamente selectiva, así ha sido por los siglos de los siglos: Castas militares, dueños de la tierra y lacayos, nunca han sido alcanzados por la justicia. Estos señores –la historia no menciona señoras– siempre han sido impunes. Es paradigmático el caso del sindicado Ríos Montt, a quien en una jugarreta de güizaches se le “anuló” sentencia emitida en su contra y pese a crímenes de lesa humanidad nunca fue sancionado.

La historia, sin embargo, refiere crueles castigos –que basados en leyes de la corona– aunque abiertamente ilegítimas, se cebaron en contra de indígenas, que se oponían al pago de tributos, robo de tierras o pago de cuotas en hilos. En cambio la justicia siempre fue de guante blanco cuando de juzgar crímenes y desmanes “del conquistador” se trató, y así en un continuum histórico hasta nuestros días, graves casos de violación a los derechos humanos, robos al erario público, o de tierras campesinas, han quedado impunes, es decir, justicia selectiva. Otro ejemplo de delito impune, muy presente hoy es el desvío de ríos. No existe una sola causa judicial, que avance en contra de los perpetradores, regularmente, dueños de fundos cañeros o palmeros. Por el contrario avanzan aceleradamente y guardan prisión defensores del derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, regularmente de origen comunitario. Se les encarcela, no se les otorga medida sustitutiva. Esa es justicia selectiva. Los casos para citar son numerosos dejo constancia acá de algunos de ellos: Daniel Pascual, Mauro Bay, Carlos Morales, Leocadio Juracán. Todos querellados, por ONG proterrorismo, finqueros –del siglo dieciocho– o empresarios depredadores del patrimonio natural. Es decir, justicia de doble rasero.

Así que los señores y señoras de la Loba, Palacio Nacional, los cuarteles o La Cañada son como cualquier ciudadano, “iguales” ante la ley y sujetos al “Estado de derecho” que tanto pregonan, cuando de encausar a campesinos que en busca de tierra y tortilla, trabajan en parcelas, que luego resulta que tienen “propietario”. Así que juicios y antejuicios actuales. No son más que expresión de certeza jurídica. Socorrida frase allá por La Cañada.