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Opiniones de hoy

Carrera contra el tiempo

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El reto de representación social que defienda intereses de las mayorías es inmenso.

 

Una cosa nos queda clara a la ciudadanía: debemos cambiar las reglas de juego de este sistema de partidos políticos constituido en su gran mayoría por personajes siniestros que no nos representan y que encontraron en el Estado la forma más obscena de enriquecerse ilícitamente.

Ahora que ya es de conocimiento común la innegable correlación entre los gastos de campaña y los resultados electorales, la corrupción, mafias, estructuras criminales, clientelismo y el asqueroso desvío de fondos públicos que hacen nuestros funcionarios públicos, es impostergable una reforma a la Ley Electoral y de Partidos.

¿Cuál es la masa o el barro del que está hecho el andamiaje del sistema de partidos políticos en Guatemala?, ¿por qué es que Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido truncada por la Corte de Constitucionalidad?

Desde hace dos años (en 2015) el Grupo Intergeneracional, junto con otras organizaciones presentamos a la Corte de Constitucionalidad un Amicus Curiae en el que se planteaba la necesidad de postergar las elecciones dado que llevarlas a cabo era legitimar un sistema de partidos cooptado por las mafias y el crimen organizado. En este documento se propuso una inminente reforma a la Ley de Partidos Políticos.

Ya que el Congreso ha omitido su deber e incluso ha obstruido la posibilidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para contar no solo con un proceso electoral más transparente, representativo y mejor fiscalizado, sino con un sistema de partidos en el que no se reproduzca un sistema de violencia, saqueo e impunidad. Y dado que esta Ley no la van a aprobar nuestros actuales diputados, debemos procurar levantar los partidos distritales y luego en 2019, asegurar la LEPP.

La actual crisis política (que inició en 2015 con el destape de la Línea y que hoy sigue sorprendiéndonos hallazgos desconcertantes)  nos llama a analizar las formas en las que las redes criminales fueron usurpando al Estado para obtener beneficios económicos, ganar poder e influencia política y mantener la impunidad. Son estas mafias las que hoy han cooptado a nuestra incipiente  institucionalidad, por ello nos preguntamos, ¿vale la pena seguir llamando a proteger una supuesta y ficticia “institucionalidad”?

Llamamos a la participación de partidos distritales, para luego en 2019, refundar el sistema de partidos políticos a través de una nueva ley, para que en nuestros funcionarios públicos pueda haber representatividad, transparencia, idoneidad, honestidad, para que el saqueo sea sancionado y para que no haya transfuguismo.

Para salir de relaciones corruptas, clientelares, mafiosas, hay que someter a los partidos políticos a nuevas reglas. Por ello como ciudadanos debemos demandar reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para 2019 y tal como se mencionó en el Amicus Curiae del Grupo Intergeneracional: “incluir financiamiento público para las campañas electorales, limitar al máximo el financiamiento privado sin declaración previa y comprobable, permitir que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados distritales, no permitir que aquellos políticos que hayan ejercido cargos de elección popular por dos periodos consecutivos puedan participar, que los políticos que tengan procesos abiertos en su contra por delitos relacionados con corrupción o con el ejercicio de cargos públicos, no puedan ser inscritos como candidatos”. Que los partidos esbocen sus ideologías, que hayan en ellos elecciones internas, programas de trabajo y que muestren a personajes notables dentro de los mismos.

Dada la exclusión de nuestra sociedad y dada la forma en la que la política se ha convertido en un negocio de compra y venta de votos, un sistema que viola la igualdad de condiciones en las que las personas y organizaciones podrían participar en el proceso electoral, para garantizar la representatividad como médula de la democracia, es imprescindible -y vamos corriendo contra el tiempo- meter a partidos distritales que si nos representen, en las próximas elecciones, y luego hacer legítima la LEPP.

Hay acciones esperanzadoras en este torbellino incierto: las plataformas populares, campesinas y sociedad civil que están aglutinando a la población desarraigada e históricamente excluida para intentar un consenso de país. El reto de representación social que defienda intereses de las mayorías es inmenso, pero los resultados son una deuda que tenemos con la historia. Vamos en carrera contra el tiempo.

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