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Opiniones de hoy

¿Reforma electoral mínima?

opinion

La ira y el civismo no han cedido y podrían retomar fuerza, dado que los reclamos ciudadanos no están siendo atendidos.

La sociedad guatemalteca ha vivido una prometedora etapa de civismo, “encendido en patrio ardimiento”, conjugado con justificada ira popular, consecuencia de las actuaciones de quienes están a cargo de dirigir nuestro destino común hacia mejores derroteros y que, lamentablemente, lo han hecho en dirección opuesta, al no plantearse claramente a favor de la transparencia y del Estado de Derecho; y, por el contrario, tomar decisiones que los colocan del lado de la corrupción, la opacidad y la impunidad, tales como la intención de retirar al Comisionado de la CICIG y de revisar las bases del convenio que da soporte jurídico a dicha Comisión y la tan desafortunada decisión de la mayoría de diputados que con 107 votos pretendieron reformas a su conveniencia del Código Penal que, gracias al repudio ciudadano, fueron sepultadas por sus mismos progenitores, quienes archivaron lo decretos definitivamente, corrigiendo así su felonía.

La ira y el civismo no han cedido y podrían retomar fuerza, dado que los reclamos ciudadanos no están siendo atendidos, ni con las renuncias exigidas, ni por la gestión de reformas constitucionales convenientes y urgentes, ni con el trámite legislativo de leyes que vienen desde larga data sin ser atendidas debidamente por el Congreso, entre ellas, la LEYDPP que, dadas las circunstancias, es prioritaria para el inicio de la reforma política; ni están siendo gestionadas otras iniciativas que se encuentran irresponsablemente estancadas en su proceso, tales como la de Ley de Competencia, la del Servicio Civil, las reformas a la Ley de Bancos y otras tantas que los diputados, ocupados en otros menesteres, no gestionan ni parece interesarles, incumpliendo así los deberes para los cuales fueron electos.

Sin embargo, la crisis es una oportunidad para emprender cambios institucionales tales como la reforma constitucional, negada a pesar de las reconocidas falencias del texto vigente, no solo en lo relativo al sector Justicia, sino en otra amplia gama de temas que sería largo enumerar aquí. Véase que los jóvenes de hoy (20 a 32 años) no habían nacido cuando se aprobó la actual Carta Magna, que históricamente las Constituciones se renovaron en períodos menores de 20 años (1945, 1954, 1965, 1985, 1994 (reforma por Congreso y Consulta Popular) y que el texto vigente ha permanecido intacto durante 23 años. Por ello, sostengo mi convencimiento de la conveniencia y urgencia de reformar el Artículo 280 CPR, Reformas por el Congreso, para establecer un procedimiento de reforma dialogada de nuestro pacto social, por convencimiento, previsible, cierta, aunque pareciera ser que tampoco es el momento.

De manera pues que, si no hay renuncias, ni reformas constitucionales, ni gestión de leyes importantes, ni nada, admitiremos que la ira popular y el civismo ciudadano quedaron burlados; por ello, por lo menos, exijamos la reforma de la LEYDPP, aun sin previa reforma del Artículo 157 CPR, no al gusto de los partidos que pretenden mejorar ingresos y fortalecer poder, sino una que fortalezca al TSE, corrija los asuntos del financiamiento y, principalmente, empodere a los ciudadanos y abra las puertas a una amplia participación, reduzca requisitos para constituir partidos políticos, prescriba elecciones primarias para designar candidatos y permita su inscripción por partidos departamentales, regionales o comités cívicos y solo en distritos con organización legal y, no por último, que el procedimiento del voto posibilite la elección de personas.

¡A cambio de nada, talvez la ira y el civismo ciudadano se conformen con una reforma electoral mínima!

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