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Opiniones de hoy

No hay que entretener la nigua

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Acortemos la crisis..

 

Si Jimmy Morales no hubiese desatado la crisis de Estado el pasado 27 de agosto, su desnudez como gobernante sería absoluta. La crisis de Estado lo reviste, al menos, con pequeñas prendas de ideología, robadas a la lucha contra la corrupción. Sin esa confrontación inútil, Jimmy Morales sería calificado llanamente como el más inepto gobernante del periodo democrático. Desde el primer semestre de 2016 casi la mitad de sus votantes se había arrepentido de haberlo encumbrado, y ahora el malestar es más que evidente.

La ineficacia de la administración central es incontestable. Los programas sociales y de infraestructura fracasan por la incapacidad manifiesta en los Ministerios, fondos y fideicomisos, pero también porque han disminuido los incentivos perversos de la corrupción. Hay áreas en las que ya no es tan fácil hacer negocios bajo la mesa, y por eso se paralizan. Esconder las coimas tampoco es sencillo en un sistema bancario y financiero en alerta permanente.

La transición forzada por los órganos fiscales de un sistema corrupto hacia otro que se rija por procesos limpios y una burocracia profesional, ha provocado que el gobierno de Jimmy Morales se hunda irremediablemente. Le restan catorce meses efectivos de gestión (pues a partir de enero de 2019, cuando se convoque a elecciones, será aún más irrelevante) y no llevó a cabo una sola reforma institucional ni normativa para ganar eficiencia ni modernizar al Estado. Lo que ha caminado hasta ahora, como la SAT y un puñado de oficinas, es a pesar de Jimmy Morales y de su entorno. Las únicas veces que sus operaciones en el Congreso (medio) funcionaron fue para soldar pactos de impunidad.

Si fuéramos pragmáticos el Estado ya habría obligado a las empresas que lo defraudaron con obras y contratos, a reparar el daño con multas millonarias, y a ejecutar los proyectos de inmediato, como en otros países, sin que por eso los responsables no estén sujetos a los tribunales. Si fuéramos pragmáticos tendríamos de la nuca al Congreso ordenando una consulta popular para adelantar un año elecciones y refundar el sistema político con reglas de competencia real. Estas acciones serían urgentes para que la crisis de Estado, la parálisis de las inversiones y la baja ejecución general del gasto no le peguen abiertamente a la economía, golpeando más el empleo.

Pero a quienes han hecho de esta crisis su modus vivendi solo les interesa profundizarla y prolongarla. Son como aquellos abogados que nunca quieren que se termine el litigio. Se plantan frente al juez y lo insultan, y presumen ante sus clientes: vieron, le dije todas sus verdades, aunque solo agravan el caso. Con las Plazas de pie en toda la República –como no se había visto– presionando a los diputados y repudiando a Jimmy Morales, la salida institucional a la crisis no debería estar lejos. No tiene sentido mantener a quienes traicionaron la delegación de la soberanía del pueblo, que además son quienes cierran el horizonte del desarrollo y se han convertido en fuente de malestar e inestabilidad política e institucional. Solo cuando la sociedad esté cohesionada y tenga unas clases medias robustas, es decir, un mercado profundo, y la burocracia sea profesional, los bochornos de los presidentes de la República y de los diputados y alcaldes importarán menos. Pero estamos lejos de llegar a ese punto si no empezamos ya con la reforma política.

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