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Opiniones de hoy

El Presupuesto 2018: cuesta arriba

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Ello requiere de un sentido de responsabilidad y de una visión de Estado por parte tanto de la bancada oficial, como de la oposición.

 

El Presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una herramienta clave de gobierno, pues constituye un resumen explícito de la política fiscal y refleja en gran medida sus intenciones frente a los problemas económicos del país. Por ello, además de sus evidentes implicaciones políticas, el proceso de aprobación del Presupuesto 2018 que se sigue en el Congreso de la República es de particular trascendencia. Sin embargo, dicho proceso, que apenas se está iniciando, enfrenta desde ya serios desafíos que lo ponen cuesta arriba.

En primer lugar, la renuncia del ministro y viceministros de Finanzas Públicas, principales ponentes de la iniciativa, deja prácticamente en orfandad el proyecto, que necesita quién lo defienda e impulse políticamente en el Congreso. Ello en un ambiente de crisis en el que amplios sectores de la población están poniendo en duda la legitimidad y credibilidad del Congreso. Aquí cobra particular importancia la decisión que tome el presidente Morales al elegir a la persona idónea para sustituir al ministro saliente y su equipo de confianza.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto plantea desafíos técnicos importantes. La iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso incluye estimaciones basadas en un escenario macroeconómico muy optimista e incorpora un desequilibrio fiscal estructural (que se agrava si se toma en cuenta que las cifras de recaudación lucen sobreestimadas) y un aumento recurrente del gasto de funcionamiento (incluyendo el crecimiento vegetativo de los costos generados por el sistema de pensiones del Estado y por los pactos colectivos de algunos ministerios y del propio Congreso).

El déficit fiscal propuesto (equivalente a un 2.6 por ciento del PIB) resulta significativamente superior al de los seis años previos que, con los ingresos sobrevaluados, implicaría que tal déficit podría ser incluso más elevado, lo cual significaría que se revertiría la tendencia de tener déficits menores al dos por ciento del PIB, como lo recomiendan expertos tales como el Fondo Monetario Internacional. Con ello, la relación de la deuda pública respecto de los ingresos tributarios se elevaría a un 237 por ciento en 2018, lo que conllevaría un incremento acelerado que podría perjudicar la calificación de riesgo-país a nivel internacional.

Para complicar más las cosas, el proyecto incluye debilidades evidentes, como el hecho de que parte del financiamiento obtenido con bonos se destina a financiar gasto corriente (Adulto Mayor, Clases Pasivas, Universidad de San Carlos, Fideicomiso de transporte, entre otros), lo cual contraviene lo preceptuado por la Ley Orgánica del Presupuesto (esos gastos deberían ser financiados con ingresos ordinarios). Además, es inaceptable continuar aumentando el gasto en salarios sin que exista aún el tan necesario censo de empleados públicos ofrecido a inicios del gobierno. Y, aunque es bienvenido el aumento previsto en la inversión en infraestructura, es preocupante que el mismo se haga sin una reforma institucional que garantice la transparencia y eficiencia de una cartera tan cuestionada como la de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Estos asuntos complejos deben ser debatidos e, idealmente, corregidos por la Comisión de Finanzas del Congreso, para viabilizar la necesaria aprobación del presupuesto, con las modificaciones correspondientes. Ello requiere de un sentido de responsabilidad y de una visión de Estado por parte tanto de la bancada oficial, como de la oposición. De lo contrario, si no se prueba el presupuesto y queda vigente para 2018 el del año previo, la ejecución del gasto sería aún menos transparente y menos eficiente que en los periodos previos, y el Ejecutivo carecería de un marco que oriente su accionar financiero.

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