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Opiniones de hoy

La AEU está de vuelta

opinion

El Estado en sus tres órganos debe ser el garante del goce de los derechos y las libertades de la población.

 

En la historia de Guatemala, los estudiantes universitarios hemos demostrado ser la voz crítica que ha participado en momentos de cambio y de  procesos políticos, haciendo propuestas para la construcción de un país incluyente que beneficie los intereses de la mayoría. Y luego de casi dos décadas de silencio por la cooptación de la política tradicionalista a la academia, los estudiantes iniciamos un proceso para recuperar la representación estudiantil; que hoy es una realidad.

Guatemala se encuentra atravesando una crisis en la que la clase política se ve envuelta en actos de corrupción y se aferra a mantenerse en impunidad.  La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que los diputados al Congreso de la República son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación, depositarios de la autoridad legislativa, responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella; sirviendo al Estado de Guatemala y no a sus intereses particulares.

Los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional; Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Alianza Ciudadana, en su potestad legislativa promovieron transformaciones a las leyes del país con el fin de favorecer a los actos de corrupción e impunidad, presentando iniciativas de ley con carácter de urgencia nacional que pretendían reformar artículos del Código Penal relacionados con los delitos de financiamiento electoral ilícito y conmutación de penas privativas de libertad, que al quedar aprobadas desataron descontento en la población.

En consecuencia de estas acciones, se originaron manifestaciones pacíficas que fue la cohesión positiva en contra de las intenciones y decisiones que pretendían favorecer a intereses particulares, revirtiendo el proceso legislativo que aprobó dichas reformas. Evidenciando su total falta de compromiso con la procura del bien común, consolidación del régimen de legalidad, libertad, igualdad, seguridad, justicia y paz; asimismo, su falta de capacidad, de idoneidad y de honradez.

Unimos nuestras voces al clamor popular y exigimos la renuncia inmediata de los cuatro diputados que propiciaron con su actuar una traición a los ideales del sentimiento común con dirección en la lucha en contra de la corrupción e impunidad. Y pedimos al pleno del Congreso que se retome el tema del antejuicio y retire la inmunidad al Señor Presidente Jimmy Morales, para que pueda ser investigado.

Constitucionalmente el Presidente de la República de Guatemala ejerce sus funciones por mandato del pueblo, representa la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la población, por lo que manifestamos nuestro rechazo, repudio e indignación a los actos represivos contra la población que se ha estado manifestando pacíficamente; por ello demandamos al Señor Presidente que sean respetados los derechos de la población y atienda las demandas que el pueblo le exige, ya que la criminalización realizada por parte de su gobierno y quienes dicen ser medios de comunicación únicamente vulneran y restringen los derechos y libertades de un pueblo que clama un cambio para esta situación de crisis.

El Estado en sus tres órganos debe ser el garante del goce de los derechos y las libertades de la población, en un orden institucional estable que valore positivamente los derechos humanos fortaleciendo las expresiones democráticas. Por ello, exigimos el respeto al ejercicio de los derechos de manifestación pública, emisión de la libertad de expresión y de reunión pacífica, garantizando la vida e integridad de los guatemaltecos.

Las y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocamos a PARO NACIONAL el miércoles 20 de septiembre con una manifestación pública y pacífica que saldrá de nuestra alma máter a las nueve de la mañana con dirección al Centro Histórico, en protesta y denuncia del actuar nefasto de los funcionarios que buscan pactos de impunidad y corrupción que atentan contra el pueblo de Guatemala.

Estamos conscientes que como estudiantes y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para poner fin a esta crisis política, ya que el momento demanda transformaciones profundas. Por lo que, asumimos el compromiso histórico que el pueblo nos exige y desde la academia propiciamos la discusión de la problemática político social, que dé como resultado la propuesta de iniciativas  permanentes, institucionales  y populares  a las demandas sociales, entre ellas, una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y dar uso a la potestad que la Universidad de San Carlos tiene, de presentar iniciativas de ley.

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