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Opiniones de hoy

¿Cómo se gestaron los decretos de la impunidad?

opinion

El miércoles de la semana pasada nos quedamos perplejos y boquiabiertos de cara a la aprobación, con el voto favorable de 107 y 106 diputados (mayoría calificada), respectivamente, de los Decretos 14-2017 y 15-2017, a través de los cuales se reformó el Código Penal en lo que respecta al delito de financiamiento electoral ilícito y, asimismo, en cuanto a la conmutación de penas (multa por cárcel) permitiendo que se aplicara a condenas de hasta diez años de prisión.

Cabe recordar que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) había salido bien librado del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde no se le había impuesto ninguna sanción por financiamiento electoral ilícito, a pesar de que los auditores de la autoridad electoral habían identificado los siguientes hallazgos: 1) La UNE reportó que tenía una deuda de Q24.3 millones con cinco empresas del grupo Albavisión, no obstante que los respectivos medios de comunicación informaron que no existía tal deuda. En los documentos de descargo que presentó la UNE, los contadores de Albavisión cambiaron su versión y dijeron que sí existía deuda, porque anteriormente no se habían incluido los saldos vencidos que estaban en morosidad; y 2) La UNE ocultó los nombres de quienes financiaron el pago de US$68 mil a una empresa dedicada a alquiler de helicópteros, pero el hallazgo fue desvanecido, porque supuestamente el partido comprobó que dichos pagos correspondían a una liquidación de dólares que habían sido recibidos en efectivo. En todo caso, estos hallazgos fueron desestimados por el Director del RC, Leopoldo Guerra, quien, finalmente, decidió absolver al partido UNE, sin que se practicara una auditoría formal y a pesar de las claras evidencias en su contra.

No obstante, el pasado jueves 24 de agosto, la CICIG y el MP denunciaron que la UNE mintió en sus reportes efectuados al TSE y ocultó información sobre los pagos para el alquiler de helicópteros, durante la campaña de 2015. Lo demás es historia, la CICIG y el MP solicitaron a la Corte Suprema de Justicia retirar el derecho de antejuicio al diputado Orlando Blanco (Secretario General de la UNE).

Obviamente, esta denuncia cayó como balde de agua fría a los diputados de la UNE, especialmente a Blanco, jefe de dicha bancada en el Congreso; además, esto suponía que se abría la puerta a otras pesquisas, incluso a revisar en el MP las denuncias que el RC había descartado a priori, así como la denuncia por financiamiento electoral ilícito que la CICIG presentó públicamente contra la UNE en el año 2015. Consecuentemente, era lógico que se pusieran de acuerdo con los diputados del oficialismo (FCN-Nación) y con otros amenazados por la persecución penal para aprobar los susodichos Decretos, de urgencia nacional. Sin embargo, los promotores no contaron con la resistencia ciudadana, que los denunció y los obligó a dar marcha atrás.

En todo caso, extrañando sobremanera que siguen sin destaparse los escándalos de corrupción durante el régimen de Álvaro Colom (los aportes económicos al Transurbano, el trasiego de dinero a través del protocolo del Aeropuerto, la corrupción en Fonapaz y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en la ejecución de los programas clientelares, la contratación de deuda pública flotante, la exoneración tributaria del Transurbano, el tráfico de influencias, etcétera), calificados por el diputado Mario Taracena (UNE) como “cosas gruesas pero gruesas”.

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