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Opiniones de hoy

¡Se abrió la caja de Pandora!

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Han salido a luz los bonos incentivo y de responsabilidad que el Ministerio de la Defensa Nacional ha venido pagando al Presidente de la República, en su calidad de Comandante General del Ejército, así como a los miembros del Alto Mando de las fuerzas armadas (Ministro y Viceministros del Ministerio de la Defensa, Jefe y Subjefe del Estado Mayor de la Defensa, Inspector General de la Defensa, Comandantes de la Marina y Fuerza Aérea, y demás).

De hecho, el Ministerio Público (MP) ha anunciado que se investigan dichos pagos extraordinarios, que también se erogaron durante todos los gobiernos anteriores, por lo que no son nuevos. Asimismo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha puesto el dedo en la llaga y requirió al Presidente Jimmy Morales que devolviera los Q450 mil recibidos en concepto de bonos de responsabilidad.

Nos parece excelente que se abran estas investigaciones en función de que dichos dineros sean reintegrados al Erario y que se siente un precedente categórico para el futuro. Sin embargo, creemos que lo justo, lo equitativo, es que la CGC y el MP abran investigaciones en todo el sector público, a fin de determinar los bonos que se han venido desembolsando en las distintas entidades, organismos, instituciones y dependencias, sea a través de decretos, acuerdos, convenios u órdenes ejecutivas, especialmente los bonos auto asignados.

Por ejemplo, se tiene conocimiento que los funcionarios de los ministerios, Secretarías de la Presidencia, municipalidades, entidades descentralizadas y demás dependencias han acordado con los distintos sindicatos en el sector público pagos de bonos incentivo y compensaciones económicas (con la connotación de indemnización universal), en contravención de la Constitución o en menoscabo de las siempre insuficientes finanzas públicas, que día a día son alimentadas por los esforzados tributarios.

La opinión pública también ha tenido conocimiento de bonos incentivo antojadizos desembolsados no solo en el Ejecutivo, sino que también en la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Congreso, la CGC, el Ministerio Público, el Banco de Guatemala, el Ejército Nacional, la USAC y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades estatales.

Asimismo, ha trascendido que se han pagado enormes cantidades de dinero, en concepto de injustificadas indemnizaciones, a exfuncionarios por el simple hecho de haber concluido períodos fijos de funciones (Magistrados, Fiscales Generales, Procuradores, Superintendentes, Presidentes del Banguat, Contralores Generales de Cuentas, etcétera), extremo que es notoriamente inconstitucional, por lo que procede que se devuelvan inmediatamente dichos dineros irregularmente desembolsados.

En el Congreso recientemente los diputados se recetaron aumentos salariales y bonificaciones, así como incrementaron las prestaciones y bonificaciones contempladas en el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo.

Ha llegado el momento de que se devuelvan todos estos dineros mal desembolsados, incluyendo los aportes económicos al Transurbano y los dineros de Cohesión Social durante el régimen de Álvaro Colom; y que, por fin, se destapen, de una vez por todas, las anomalías e irregularidades en torno a estas discrecionalidades y abusos en el sector púbico. Por supuesto, se espera que no solo se investiguen los desembolsos irregulares durante el actual régimen, sino que también los efectuados durante los regímenes de Pérez, Colom, Berger, Portillo, Arzú, De León Carpio, Serrano y Cerezo. El artículo 155 constitucional lo permite. ¡Manos a la obra!

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