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Opiniones de hoy

Diputados bajo fuego

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Los diputados se suicidaron políticamente.

 

La Corte de Constitucionalidad, en otra controversial resolución, suspendió, por vía del amparo, los Decretos 14-2017 y 15-2017 del Congreso, por medio de los cuales se reformó el Código Penal, específicamente en relación al delito de financiamiento electoral ilícito y a la conmutación de delitos, que causaron, con razón, la indignación ciudadana y el repudio de la opinión pública. Por otro lado, los diputados, asustados ante la reacción popular, acordaron, extra legem, suspender en definitiva el procedimiento de formación de ley de dichos Decretos, lo que supone que estos quedaron en una suerte de limbo jurídico.

Sin entrar a analizar los efectos negativos de los indicados Decretos, ya que en los medios de comunicación se han vertido abundantes y pertinentes observaciones al respecto, sí considero importante reflexionar sobre las implicaciones de este imprudente y malogrado proceso legislativo.

En todo caso, no es la primera vez que los diputados ponen en peligro la institucionalidad del Congreso bajo el actual orden constitucional. Recordamos, por ejemplo, la crisis jurídico-política que se originó de no haber despojado de su inmunidad a Elián Darío Acuña, a la sazón diputado oficialista (DCG) y Vicepresidente del Congreso, sindicado de la comisión del delito de homicidio en 1986. Esto dio pie a que el antejuicio se percibiera como un escudo de impunidad y no como una protección al cargo o función, que es su verdadera razón de ser.

Asimismo, traigo a colación el escándalo de los “sobres bajo la mesa” (pagos a diputados para la aprobación de leyes que interesaban al Ejecutivo), que desembocó en el Autogolpe de Estado del 25 de mayo de 1993, perpetrado por el expresidente Jorge Serrano. Tras la salida abrupta de Serrano, surgió el “clamor por la depuración” del Congreso, que terminó con la aprobación del Acuerdo Legislativo 18-93, mediante el cual se aprobaron reformas a la Constitución, entre ellas la que dio por terminado el período y funciones de los diputados.

En 2006 estalló la crisis de la ejecución del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), adscrito a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que consistía en asignar a los diputados el control de la construcción de obras, con evidentes fines clientelares. El PACUR evolucionó hacia el malhadado Listado Geográfico de Obras, que sigue vigente.

Los últimos 3 períodos legislativos han estado marcados por una suerte de escándalos, algunos de los cuales ya han reventado y otros están por reventar. Asimismo, los partidos políticos con representación mayoritaria en el Congreso están en plena combustión, debido al financiamiento electoral ilícito, lo que, indudablemente, motivó la frustrada reforma del Código Penal.

La Constitución y la Ley de Amparo establecen que se pueden impugnar ante los tribunales leyes vigentes o, incluso, decretos que han sufrido el proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación), antes de que cobren vigencia, cuando incorporan vicios “interna corporis”, o sea errores substanciales que corrompen el debido proceso legislativo.

Asimismo, la Constitución admite el veto, que es la facultad del Presidente que le permite rechazar, denegar o desautorizar que un decreto aprobado por el Congreso sea publicado en el Diario Oficial y entre en vigencia, es decir que cobre validez y sea de observancia y cumplimiento obligatorio, etapa que debiera agotarse antes de la impugnación judicial, por razones de definitividad.

Está claro que los diputados se suicidaron políticamente la semana pasada; sin embargo, me preocupa que se menoscabe irreparablemente la potestad legislativa del Congreso, así como el debido proceso legislativo, que son fundamentales en el sistema republicano de frenos y contrapesos. Se justifica la depuración de los diputados como en 1994, pero no la restricción de la función legislativa per se. La institucionalidad debe preservarse.

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