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Opiniones de hoy

Quieren aumentar ilimitadamente la tasa de alumbrado público

opinion

En mayo de 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), a petición del Alcalde de la Capital, Álvaro Arzú, autorizó que se incluyera en la facturación a los usuarios de energía eléctrica la tasa de alumbrado público (TAP), equivalente al 13 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

A raíz de esta decisión, casi todas las municipalidades solicitaron a la CNEE la inclusión de la TAP, que en algunos casos llega hasta el 180 por ciento del consumo de energía eléctrica, según recientes informaciones de prensa, en la facturación a los usuarios de energía eléctrica de sus municipios.

La autorización de la CNEE se basa en el Reglamento de la Ley de Electricidad, que es un acuerdo gubernativo mediante el cual se reconoce la tasa municipal de alumbrado público, no así en la Ley General de Electricidad, que no reconoce la existencia de la TAP, cuya recaudación no se destina a proveer el servicio de alumbrado público, porque esto es una obligación legal que pesa sobre las empresas distribuidoras de electricidad. O sea que la TAP es un simple recargo arbitrario sobre los usuarios de energía eléctrica.

En todo caso, la TAP no es realmente una tasa (cuya emisión le corresponde a las municipalidades), sino que es un arbitrio, que, de conformidad con lo que disponen los artículos 171, literal c), y 239, párrafo primero, de la Constitución, solo lo puede decretar el Congreso. Efectivamente, la Corte de Constitucionalidad (CC), en reiterados fallos, ha establecido que una tasa es “una relación de cambio por virtud de la cual un particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir como contraprestación un determinado servicio público”.

Sin embargo, la TAP es un tributo impersonal, general e indiscriminado que se impone y obliga a pagar a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Luego, no se genera de manera voluntaria ni se recibe un servicio público como contraprestación por parte de la comuna. Además, como ya se dijo, las municipalidades no prestan el servicio de alumbrado público, sino que son las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por lo que la TAP es un impuesto abusivo e injustificado. En 2 platos, la TAP es un arbitrio encubierto (que no ha sido decretado por el Congreso) y, por ende, contraviene la Constitución.

No obstante la notoria ilegalidad de la TAP capitalina, la Sexta Magistratura de la CC, de manera inaudita solo atribuible a las ansias de reelección de algunos de sus magistrados, no declaró inconstitucional la disposición de la comuna capitalina que obliga a pagar la TAP capitalina, por supuesto sin fundamento jurídico alguno y contradiciendo el fallo de la misma CC que declaró inconstitucional la TAP fijada por la Municipalidad de Escuintla. Sin duda, dicha sentencia debería ser expulsada de la jurisprudencia constitucional.

 Ahora, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) pretende que el Congreso otorgue a las municipalidades la facultad de fijar, a su discreción, la TAP, a partir de un mínimo de 10 por ciento, o sea lo que quieran imponer a los usuarios las comunas. Esta pretensión es un descarado abuso que no debe ser tolerado. Debemos oponernos con energía, porque el Congreso es capaz de echarse otro despropósito como la fijación de la edad mínima en 18 años para contraer matrimonio o unirse de hecho, entre otros. Organicémonos para impedir que este abuso se concrete.

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