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Opiniones de hoy

Tragedias evitables

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Se repiten, se lamentan y no pasa nada.

 

El ataque ayer en el hospital Roosevelt ha conmocionado a la opinión pública. No es el primero, pero quizá sí el más grave. El traslado de reos, sea para asistir a los tribunales, sea para recibir atención médica, es altamente riesgoso. Una vez atacaron el transporte del Sistema Penitenciario en plena marcha en la carretera a El Salvador. En otra ocasión el ataque armado fue en plena zona 10, frente a la Guardia de Honor. Se presume que el primer atentado era de enemigos del prisionero y que la emboscada al segundo vehículo, al contrario, pretendía liberar a la reclusa.

Ya hubo un ataque en la consulta externa del hospital San Juan de Dios y varias víctimas. Las escenas de terror de los civiles que buscando atención médica o visitando a familiares o amigos, fueron víctimas o testigos son aún inenarrables.

Pero desde el primer atentado tuvo que haber habido un análisis de riesgo para, al menos, minimizar o evitar futuros ataques. No se hizo. Se ha discutido, pero no se ha actuado. Y la exposición de la población civil, sea en las calles o en los hospitales, no es aceptable. Ayer en la conferencia de prensa de las altas autoridades siguió la inercia de la confrontación política. El presidente Jimmy Morales y el ministro de Gobernación, tirándole la chibolita al Congreso para que apruebe un préstamo del BCIE, como si haberlo aprobado habría evitado el ataque. Y desde el Congreso la UNE y otros diputados pidiendo la cabeza del ministro como si su renuncia o destitución resolviera algo.

Decir en este momento crítico que la “seguridad es responsabilidad de todos” –que fue la expresión del ministro en la comparecencia ante la prensa– es desafortunado. La extrema vulnerabilidad en los traslados es una grave falla del Sistema Penitenciario, desde la inteligencia (saber a quién trasladan, su cuadro de seguridad), la planificación (proporcionalidad de custodios, rutas y puntos de llegada) y la operación propiamente dicha. Y es responsabilidad de las autoridades del Sistema reducir los riesgos, incluyendo, como digo, la preparación de los lugares de atención en los hospitales civiles. Los jueces, al ordenar esos traslados, actúan un poco a ciegas. Se atienen a lo que la norma les ordena y si no hay indicaciones o alarmas por parte de las autoridades penitenciarias y, más arriba, de los mandos de Gobernación, simplemente proceden.

El Congreso tiene razón al querer deducir responsabilidades, y deberá haber actos simbólicos y reales, políticos y administrativos, en correspondencia con la dimensión de la tragedia. Pero ahí no puede terminar el asunto, pues estamos, desde hace muchos años, frente a un sistema carcelario fallido. Y eso significa que hay que reconstruirlo desde los cimientos. A eso se deben de comprometer el Ejecutivo y los congresistas, y contribuir, desde su campo, el Organismo Judicial. No se trata sólo de construir nuevas cárceles, aunque claramente es una de las tareas.

Pero como en este país al parecer nada ocurre por casualidad y siempre hay sorpresas, resulta que mientras la población y los medios conmocionados se concentraban en la tragedia del Roosevelt, un juez clausuraba el caso de los implicados en el caso “Bufete de la impunidad”. Y por otro lado, el debate se inflama reclamando “manos duras”. Ese estado anímico radicaliza e impacta, al parecer, también, a las altas autoridades del Ejecutivo.

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