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Opiniones de hoy

¿Legislar o deslegislar?

opinion

En Guatemala existen más de 70 mil regulaciones de todo tipo (leyes, reglamentos, acuerdos y demás), aunque muchas no pasan de la tinta y el papel, porque la pura verdad es que no hay instituciones sólidas y confiables que las hagan valer. Otras normativas son meras ocurrencias que solo contaminan el régimen de legalidad.

No obstante, los diputados siguen aprobando más y más leyes, muchas de ellas, incluso, repudiadas por la opinión pública y la ciudadanía, como, por ejemplo, los oscuros y abusivos endeudamientos públicos, los desfinanciados presupuestos estatales y los gravosos impuestos, destinados, en gran medida, a financiar la burocratización, el clientelismo político, los opacos fideicomisos y fondos sociales, los gravosos pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado, la ilegal deuda pública flotante (de arrastre), que ha dado pie a que muchos acreedores sean extorsionados por los funcionarios, etcétera. La vorágine regulatoria es tal que algunos congresistas se esmeran en desengavetar ocurrencias que, afortunadamente, duermen el sueño de los justos.

Asimismo, abundan las iniciativas de ley con “mano cargada”, que ni siquiera se discuten (ni se guardan las formas), sino que son aprobadas de urgencia nacional en “cuestión de minutos”.

En todo caso, no es través de la emisión de nuevas normativas que se va a resolver la problemática nacional. Lo que se necesita es que exista verdadera voluntad política para hacer funcionar las instituciones, con una visión estructural y de largo plazo, que se traduzca en estrategias, políticas, programas y fortalecimiento institucional en general.

Por otro lado, la emisión de decretos legislativos tampoco es la varita mágica que resuelve todos los problemas, ya que si así fuera, entonces, de un plumazo, podría acabarse con la pobreza, ponerse fin a la violencia, erradicar la impunidad, declarar la vigencia del pleno empleo o decretar la felicidad.

Por cierto, la gran mayoría de regulaciones en este país de impunidad no se cumplen, observan ni aplican. Por tanto, no se necesita que las regulaciones se sigan sustituyendo o modificando, sino que se hagan valer. Para esto se necesita voluntad política.

Amén de lo anterior, la inflación de leyes es tal en nuestro país que todo está prácticamente sobrerregulado y hasta excesivamente regulado. Más bien, en vez de más leyes, deberían derogarse muchas de las normas vigentes, específicamente las antieconómicas, antitécnicas y antijurídicas, las que otorgan privilegios y ventajas, así como las que aseguran y encubren el desfalco de las arcas nacionales, mediante el uso discrecional y abusivo de los fondos públicos.

De cualquier manera, los diputados, en vez de seguir legislando irresponsablemente, deberían dedicarse a fiscalizar el gasto público y la eficacia fiscal. Sin embargo, la locura por legislar (crear nuevas leyes o reformas las leyes vigentes) no para y estas actitud desenfrenada seguirá hasta que el pueblo diga alto, a través del ejercicio del derecho de legítima resistencia contra la opresión legislativa.

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