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Opiniones de hoy

“¡No hay obra sin sobra!”

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Ahora que se están destapando las comisiones o sobornos en torno a la obra pública, convendría que también se evidenciara la obra pública a cargo de organismos internacionales, a través de transferencias directas o de fideicomisos públicos.

En febrero de 2006, la ejecución del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), adscrito a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), cuyo objetivo era asignar a los diputados Q 400 millones en obras durante aquel año, asignación que dio lugar al malhadado Listado Geográfico de Obras, se confió a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el propósito de que no se aplicara la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley del Servicio Civil y la Ley Orgánica del IGSS, entre otras.

En relación al PACUR, el responsable de la OIM en Guatemala en aquel entonces, Günther Müssig, declaró a la prensa que “en este país no hay obra sin sobra”, en respuesta a los señalamientos de que los diputados exigían comisiones (sobornos) a empresas a cambio de adjudicar obras. Asimismo, Müssig afirmó que “si una empresa le pasa plata a un diputado o a un funcionario, no es nuestra función investigarlo”.

Como se recordará, la OIM es el mismo organismo internacional que en 1999, bajo el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), se vio involucrado en el escándalo de corrupción en torno a la “modernización” del Campo de Marte en la Capital, proyecto impulsado por el tristemente célebre FONAPAZ.

Casualmente, sobre este particular, Müssig expresó que “no se puede seguir con eso siempre. Si un ladrón purga su pena, ya no es ladrón”; y, asimismo, justificó la no utilización del sistema Guatecompras diciendo “Si en 2005 no usamos Guatecompras, no era para esconder, sino para agilizar”.

En nuestra opinión, estas descaradas afirmaciones eran suficientes para que el gobierno diera por terminados todos los convenios y acuerdos con la OIM y que solicitara a esta organización que, inmediatamente, se marchara del territorio nacional, después de una completa y suficiente rendición de cuentas e investigación de sus actuaciones. Asimismo, era pertinente que se pidiera cuentas y que se investigara a los otros organismos internacionales a cargo de la ejecución de gasto público en Guatemala. Sin embargo, nada pasó.

Por consiguiente, ahora que las reposaderas se están destapando, se esperaría que la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaran una investigación a fondo de la ejecución de gasto público a cargo de organismos internacionales, a fin de determinar si han existido o no o si existen o no anomalías, irregularidades y, en su caso, hechos punibles que perseguir.

En todo caso, conforme la Constitución, la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo plazo será de 20 años, y la responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena.

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