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Opiniones de hoy

Recurso de gracia

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La Sexta Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), en un polémico fallo, declaró inconstitucional y sin vigencia la sanción de pena de muerte por la comisión del delito de asesinato, lo que supuso una clara intencionalidad de abolir la pena de muerte en Guatemala, extremo que, conforme la Constitución, le corresponde, con exclusividad, al Congreso. De esa cuenta, la referida sentencia de la CC es incompatible con la Constitución, por lo que debería ser expulsada de la jurisprudencia constitucional.

Por otro lado, dado que el Congreso no ha decidido abolir la pena de muerte, lo que procede es que se regule de nuevo el indulto o conmutación de la pena de muerte, conocida comúnmente como recurso de gracia, previsto en el Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre DD. HH. (Pacto de San José), ratificada por el Estado de Guatemala, que dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, que podrán ser concedidos en todos los casos; y, asimismo, establece que no se puede aplicar la pena de muerte mientras una solicitud en ese sentido esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Hasta el 1 de junio del año 2000, la facultad de conceder indulto o de conmutar la pena de muerte (sustitución por la máxima pena de prisión) correspondía al Presidente de la República, conforme lo ordenaba el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, dicho decreto fue derogado por medio del Decreto 32-2000 del Congreso, a raíz de que el expresidente Alfonso Portillo (2000-4) se negó a asumir la responsabilidad de conceder o no el indulto que solicitaran los condenados a muerte.

La ausencia de una autoridad que conceda o no el recurso de gracia dio pie para que la Corte Interamericana de DD. HH. dictaminara, en sentencia del 20 de junio de 2005, que Guatemala debía regular el procedimiento de indulto para los condenados a muerte. No obstante, el Estado de Guatemala no ha regulado el recurso de gracia, por lo que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), arrogándose una función que no le corresponde, ha conmutado la pena de muerte por la pena máxima de prisión a los condenados a la pena capital que se lo han solicitado, por medio del recurso de revisión. Esto no está legislado, por lo que deviene jurídicamente improcedente.

En nuestra opinión, mientras la pena de muerte no sea legalmente abolida en nuestro país, decisión que, como ya advertimos, por mandato constitucional, le corresponde al Congreso, forzosamente debe agotarse el recurso de gracia, el cual, en nuestra opinión, debería ser conocido por el Presidente, en su calidad de Jefe de Estado (representante de la unidad nacional).

En consecuencia, toca al Congreso, no a la CC ni a la CSJ, poner fin a la incertidumbre jurídica mediante el restablecimiento eficaz del recurso de gracia o, en su caso, de la abolición de la pena de muerte. ¡Dura lex, sed lex!

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