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Opiniones de hoy

Impunidad del régimen de Colom

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En su libro Rendición de Cuentas, el exministro de Finanzas durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), Juan Alberto Fuentes Knight, pone de manifiesto el desgobierno del expresidente Colom, así como la grave sustitución de la estructura formal del Organismo Ejecutivo (el gabinete) por una estructura informal (Consejo de Cohesión Social) que asumió todo el poder político sin asumir, a la vez, la responsabilidad de sus actuaciones.

Fuentes Knight dice que “el Consejo de Cohesión Social llegó a ser más importante que el propio gabinete y es lo que mejor ejemplifica la función informal de primer ministro que ejercía la primera dama (Sandra Torres)”. Esto último es más que suficiente para profundizar la investigación contra el exgobernante Colom, por delegación ilegal de funciones.

Agrega Fuentes Knight que “la instancia de cohesión social pronto se convirtió en el foro de toma de decisiones más fuerte, que incluía no solo a ministros sino también a secretarios y a directores de entidades que manejaban recursos, como Fonapaz y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi)”.

Fuentes Knight, respecto del programa Mi Familia Progresa (el programa clientelar estrella del régimen de Colom), afirma que “el cuestionamiento posterior sobre el manejo de fondos a que estuvieron sujetos tanto Obdulio Solórzano como Salvador Gándara puso de manifiesto los costos –desorden, corrupción o ausencia de rendición de cuentas– de acudir a mecanismos ad hoc –Fonapaz– (Fondo Nacional para la Paz) y –SCEP– (Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia) para realizar gastos que los ministerios debían realizar”. Sin duda, un patético reconocimiento del obsceno e impune saqueo, por la vía de los programas clientelares, durante el régimen de Colom.

Por otro lado, en 2015, la CICIG denunció que el partido de Colom (UNE) había recibido financiamiento electoral ilícito y este año el Tribunal Supremo Electoral (TSE) detectó un pago de Q21.8 millones, en concepto de propaganda en medios, que no había sido justificado ni reportado, lo que supone financiamiento electoral ilícito; sin embargo, el TSE se resiste a cancelar dicho partido y el Ministerio Público (MP) no ha accionado contra los responsables.

Asimismo, son del conocimiento público los ilegales y multimillonarios aportes estatales a empresarios del transporte urbano metropolitano para el Transurbano, la sobrevaloración en la adquisición de los buses del Transurbano en Brasil, la injustificada exención fiscal multimillonaria para el Transurbano, la opacidad en el manejo del millonario subsidio al transporte urbano metropolitano, así como el trasiego de dinero en efectivo a través del Protocolo del Aeropuerto La Aurora, los sobornos de diputados, el saqueo de los fondos del Congreso y de las municipalidades y la multimillonaria “deuda pública flotante” (de arrastre), entre otros.

Lo anterior sin perjuicio de las “cosas gruesas, pero gruesas” en que incurrió el régimen de Colom, que denunció el diputado Mario Taracena (UNE), cuestionado expresidente del Congreso.

Por cierto, la CICIG y el MP se han concentrado en investigar los escándalos de corrupción durante el régimen de Otto Pérez y Roxana Baldetti, lo que está bien. Sin embargo, los escándalos de corrupción durante el régimen de Colom siguen sin esclarecerse y, por ende, permanecen grotescamente impunes. Seguimos en la espera que desespera.

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