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Opiniones de hoy

Sobre el diferendo territorial de Belice

opinion

Nunca renunciamos a nuestro reclamo territorial.

 

El 2 de agosto pasado, el Congreso de la República aprobó un Acuerdo que autoriza convocar a una consulta popular sobre la aprobación del compromiso contenido en el “Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia” suscrito el 8 de diciembre de 2008.

Dicha decisión del Congreso seguramente dejará perplejos a muchos guatemaltecos. Algunos, sobre todo los jóvenes, incluso ignoran que Guatemala tiene un reclamo territorial. La mayoría no tiene la menor idea sobre el contenido del mentado “Acuerdo Especial”. Y un sinnúmero ignora el contenido del Artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de nuestra Constitución que facultan al Poder Ejecutivo para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice.

Por eso, cabe una breve explicación.

Para aquellos de mi generación, el diferendo territorial era un tema de primer orden. En la escuela nos enseñaban que “Belice es nuestro” y el mapa oficial del país incluía a todo el territorio de lo que hoy es Belice. La “recuperación” de Belice era, por mucho, el tema principal de la Cancillería. Pero, no obstante la fuerte oposición de Guatemala, Belice obtuvo su independencia del Reino Unido el 21 de septiembre de 1981.

Nunca renunciamos a nuestro reclamo territorial, insular y marítimo, y aún hasta el presente no reconocemos una frontera entre ambos países (la línea divisoria la denominamos una “zona de adyacencia”). Sin embargo, con el paso de los años el tema gradualmente perdió relevancia entre la opinión pública, e incluso en 1991 Guatemala reconoció formalmente a Belice. Asimismo, hemos aprendido a convivir con la realidad que es el país vecino, y hasta hemos logrado impulsar cierta cooperación, tanto en el ámbito bilateral como en el marco del Sistema de Integración Centroamericana. Ello, a pesar de que periódicamente se producen incidentes lamentables, como ocurrió en abril de 2016 con la muerte de un adolescente guatemalteco de 13 años, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad de Belice.

Por todo lo anterior, y con la consolidación de los Gobiernos democráticamente electos a partir de 1986, la búsqueda de una salida a nuestra reclamación se convirtió en un tema de Estado, perseguido por todos los Gobiernos de turno, a través de sus Cancilleres, incluyendo al que escribe, durante la administración de Oscar Berger y Eduardo Stein. Se intentaron numerosas iniciativas, que por limitaciones de espacio no se enumeran, pero todas estas se inscribieron en el principio de buscar soluciones pacíficas a las controversias; o sea, negociaciones directas entre Guatemala y Belice. Ello apuntaba irremisiblemente a una solución jurídica, ya sea acudiendo a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Permanente de Arbitraje. Después de muchos años de idas y venidas y extensas negociaciones, y bajo los buenos oficios de la Organización de Estados Americanos, se acordó entre ambas partes acudir a la Corte Internacional de Justicia. El Acuerdo suscrito en Washington el 8 de diciembre de 2008 por el entonces Canciller Haroldo Rodas formalizó esa decisión. El propio Acuerdo está condicionado a que se cumplan los preceptos constitucionales de ambos estados; de ahí la consulta popular.

¿Que gana Guatemala? En primer lugar, resolver la única disputa territorial que tenemos es acorde con un Estado que se autoaprecia como democrático, tolerante y respetuoso del Estado de derecho. Podemos tratar de hacer valer ante un tribunal internacional los méritos de nuestra reclamación, que abarca lo territorial, insular y marítimo. Es claro que tendremos que acatar el laudo de la Corte; lo mismo es cierto para la otra parte, Belice. En segundo lugar, al buscar una salida pacífica a esta añeja reclamación, resolvemos un serio obstáculo a nuestra política exterior, ya que buena parte de los países en desarrollo tienden a percibir a Guatemala, con o sin razón, como el victimario, y a Belice, como la víctima. Ello es especialmente así entre los países miembros del llamado Commonwealth, que incluyen al Caribe. O sea, Guatemala mejoraría significativamente su capacidad de abrirse espacios en el mundo, superado el diferendo. Al mismo tiempo, sería de esperar que ello pusiera un punto final a los incidentes en la zona de adyacencia que ha conducido a tensiones entre las fuerzas armadas de ambos países y cobrado varias vidas.

 Por último, ¿qué pasaría si prospera la consulta popular en Guatemala y fracasa en Belice? Desde luego, no es un escenario deseable, pero al menos sería una victoria moral para Guatemala, que nos permitiría cuando menos combatir la imagen de ser el país victimario, en el momento que se cumplió con todos los requisitos para honrar aquel compromiso suscrito el 8 de diciembre de 2008. Por eso, es de esperar que aquella consulta se cumpla de manera ordenada y exitosa.

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