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Opiniones de hoy

Ilegitimidad de la Copredeh

opinion

Ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está sesionando en Guatemala, conviene traer a colación la improcedencia por ilegitimidad de que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) represente al Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Copredeh fue creada durante el régimen de Jorge Serrano (1991-3), mediante el Acuerdo Gubernativo # 486-91, de fecha de 12 de julio de 1991, y sus reformas, es una dependencia de apoyo al Presidente en cuestión de derechos humanos.

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2017 se asignó a la Copredeh un gasto que asciende a Q208.1 millones, extremo que, además de ser ilegal, ya que no pueden asignarse fondos a una comisión presidencial, supone un exceso de gasto, considerando que el gasto asignado a la Copredeh es mayor que el gasto de la Procuraduría General de la Nación (Q81.4 millones) y que el gasto de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (Q130 millones), y casi igual al de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (Q224.9 millones), sin que la Copredeh tenga responsabilidades similares a las que tienen dichas instituciones.

Por otro lado, la Copredeh ha venido actuando en representación del Estado de Guatemala en el plano internacional, específicamente ante los Sistemas de  DD. HH. de la ONU y de la OEA, sin tener la representación legal del Estado, ya que esta le corresponde, con exclusividad, al Presidente de la República y al Canciller, conforme la Convención de Viena.

Asimismo, abogados de la Copredeh, en ejercicio de mandatos judiciales otorgados por la PGN, quien tiene la representación legal del Estado en el plano nacional (no internacional), sin instrucciones expresas e inequívocas del Estado, han otorgado y suscrito Acuerdos de Solución Amigable ante la CIDH, así como, en nombre del Estado de Guatemala, se han allanado a pretensiones de reclamantes en procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que supone la renuncia en juicio al derecho de defensa del Estado de Guatemala, el cual es inalienable e irrenunciable.

En nuestra opinión, las actuaciones de los referidos mandatarios y del actual Presidente de la Copredeh (las de este con base en el inconstitucional Acuerdo Gubernativo # 266 de fecha 22 de septiembre de 2016, que no ha sido publicado en el Diario Oficial), dentro de los procedimientos y procesos ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son nulas por falta de legitimación activa de los presuntos personeros del Estado de Guatemala. Por ello, también son nulas las renuncias del derecho de defensa del Estado de Guatemala, los desistimientos de pruebas propuestas por dicho Estado y los allanamientos a pretensiones de los reclamantes dentro de los procedimientos y procesos relacionados.

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