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Opiniones de hoy

Conveniente reforma bancaria

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La iniciativa permitiría a las entidades del sistema de banca central consolidar las medidas regulatorias prudenciales que deben atender los bancos.

La iniciativa de ley propuesta por la Junta Monetaria para mejorar la legislación relativa a la previsión y manejo de crisis bancarias ha generado un intenso debate cuyo enfoque debe ser superado. La iniciativa permitiría a las entidades del sistema de banca central consolidar las medidas regulatorias prudenciales que deben atender los bancos y mejorar la posibilidad de enfrentar crisis bancarias de manera oportuna y a menor costo económico y social; todo ello, en apego al mandato constitucional contenido en el Artículo 133 constitucional.

Cabe resaltar que, si bien la reforma de las leyes bancarias del 2002 mejoró la regulación prudencial y otorgó autonomía funcional y administrativa al ente supervisor, sus disposiciones para el tratamiento de crisis bancarias no permiten un papel más activo de la autoridad monetaria en la resolución de las crisis bancarias atribuibles a factores externos imprevistos, a fin de corregir los efectos temporales sobre la liquidez y solvencia del sistema financiero en general y de entidades bancarias aún con valor económico protegible.

La ley actual conduce inevitablemente a la liquidación de los bancos (con o sin valor económico) con dificultades temporales o permanentes, previa suspensión de operaciones y procesos de exclusión de activos y pasivos del balance del banco afectado, creando condiciones de riesgo y pérdidas innecesarias. Por ello, la iniciativa propuesta por la Junta Monetaria persigue la vigencia de procedimientos para mantener el valor económico de los bancos con problemas leves, de manera que continúen la prestación de sus servicios al público, atendiéndoles temporalmente hasta que los motivos externos o internos de la crisis sean superados, a cambio de la propiedad de las acciones del banco afectado; en caso extremo e inevitable, se procedería a la liquidación mediante el procedimiento ya vigente y a la persecución penal si el caso amerita.

Lamentablemente, el debate se centraliza en un supuesto afán de las autoridades de privilegiar a bancos y banqueros; y con base en ese supuesto insostenible, se argumenta en contra del uso de recursos públicos para “rescatar” bancos y/o banqueros, cuando evidentemente este asunto es de segunda importancia, frente al objetivo fundamental contenido en el mandato constitucional citado en el primer párrafo y ante el riesgo inminente de tener que dedicar cuantiosos recursos públicos al tratamiento de una crisis bancaria mal manejada.

El argumento del afán de salvar y rescatar a bancos y banqueros no se sostiene con las evidencias de lo sucedido en los últimos años: han salido cerca de veinte entidades del sistema bancario que los banqueros han perdido; los privilegiados banqueros a cargo se encuentran ahora sujetos a proceso judicial, en prisión algunos, prófugos otros y uno que otro, realmente responsable, caminando por las calles como si nada; todo ello dependiendo de la persecución penal y de la administración de justicia en cada caso.

Por ello, los diputados que conocen la iniciativa deben tener en cuenta que la carta magna delega esas funciones en la Junta Monetaria y que, en consecuencia, están obligados a considerar con seriedad la creación de las condiciones jurídicas solicitadas para el mejor cumplimiento del objetivo fundamental de la Autoridad Monetaria, con propiedad, oportunidad, realismo y pertinencia técnica, en apego al mandato constitucional de “velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional” (Artículo 133).

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