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Opiniones de hoy

Es una norma inconstitucional ¡Increíble pero cierto! la que “sustenta” el fallo constitucional sobre el asunto (Segunda parte)

opinion

La ley ordinaria o bien, la mala “interpretación” de la misma, somete el nombramiento de los Gobernadores Departamentales, lo que mina la autoridad presidencial, a requisitos que la Constitución no establece.

 

Señalábamos, en la primera parte de este artículo, la gravedad de juzgar por “ocurrencias” y por criterios de “oportunidad y conveniencia” así como la incongruencia a que nos ha llevado separarnos del silogismo jurídico, no solo en lo judicial sino en lo administrativo, la Torre de Babel de los “criterios”, cada cual con el suyo, y en lo legislativo, sobrepasada la Constitución, el infranqueable límite de esta potestad, sujeta también al silogismo.

Y señalábamos, así, los dictámenes sin el visto bueno del Procurador General, el uso de la representación del Estado sin tenerla (pactos y contratos nulos) así como la inconstitucional limitación de la potestad presidencial en el caso de los gobernadores departamentales. ¿Dónde las normas –no los criterios u ocurrencias– en que descansan los citados desatinos? ¿Dónde la norma que establece que se pongan los jueces, en la etapa intermedia del proceso, a emitir declaraciones que tan solamente corresponde a los tribunales de sentencia?

Y, sin embargo, allí el sermón dado por una juzgadora, “el sermón de los likes”, a persona que, en tanto un tribunal de sentencia no diga lo contrario y que tome su decisión firmeza, no solo debe presumirse como inocente, sino que es inocente.

¿Dónde dice la ley, que pueda “excusarse” el delito de lavado, si la procedencia del dinero es y se sabe delictiva?

Y sin embargo, una juzgadora, viendo delito de fraude, pretendió excusar el otro –corregida su absurda inconsistencia por Tribunal Superior llamado a hacerlo.

¿Dónde dice la ley que pueda existir fraude si no hay defraudación patrimonial y dónde dice que el fraccionamiento de una venta –si no hay defraudación– constituya delito?

Y, sin embargo, sin haber defraudación, se persigue como fraude lo que no lo constituye (sin fraude tampoco hay lavado) y, por el contrario, sin persecución alguna, el fraccionamiento sigue impune –este no vende mediáticamente– y sigue sin sanciones.

¿Dónde dice la Constitución que pueda la Corte de Constitucionalidad dictar sentencias sin ser requerida para hacerlo?

¿Dónde que, en un considerando –caso Espina– pueda despojarse de su cargo a alguien y –además– sin darle la posibilidad de defenderse?

¿Dónde que los integrantes del Ejército puedan ser juzgados por tribunales ordinarios, vigente la norma constitucional que los sujeta a tribunales militares?

¿Dónde que una mujer que por divorcio recupera su estado de soltera quede ligada –como propiedad del marido– a las limitaciones de una relación ya terminada?

Y, sin embargo, sustentada la Corte en un vínculo matrimonial ya no existente, se negó la inscripción a Sandra Torres.

¿Dónde que pueda dársele a la prisión provisional la

apariencia de castigo?

¿Dónde que pueda exhibirse a los capturados antes de

ponerlos a disposición de tribunal competente?

¿Dónde dice la Constitución que exista un Consejo del Ministerio Público, aberración inconstitucional que fue creada para minar la autoridad de su único jefe, el Fiscal General de la República?

¿Dónde que puedan hacerse de la vista gorda las autoridades y abstenerse de exigir –tal la pena establecida por la ley– el comiso de todos los instrumentos del delito? La Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal ¿Se oye? tan campante…

(Continuará…)

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