[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Opiniones de hoy

Guía de la discordia

opinion

La cuestión es invitarlos a ser socios del desarrollo.

 

El 18 de julio el gobierno dio a conocer “La Guía Operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas”, que se deriva del Convenio 169 de la OIT. La Guía podría ser un insumo para que el Congreso de la República legisle sobre consulta a pueblos indígenas, aunque llega quince años tarde. No es el tiempo de retardo, es la conflictividad desatada desde que el Estado autorizó las licencias de explotación de recursos minerales en 2003, en los territorios habitados por pueblos indígenas y con bajísima densidad de presencia estatal. Esa conflictividad se extendió a las inversiones en hidroeléctricas y profundizó la brecha entre comunidades y Estado.

La Guía se atiene a los estándares internacionales de la consulta a pueblos indígenas: realizarse previa a las inversiones, ser informada, de buena fe, pertinente a las culturas, flexible y llevar a cabo en un clima de libertad. Prevé un procedimiento de ocho etapas: 1) Preparatoria, en la cual lo relevante es identificar plenamente el área y comunidades de impacto de la inversión, pues en esta definición está la piedra en el zapato en las sentencias de las cortes de justicia, 2) Convocatoria de instituciones y comunidades, 3) Formulación del plan de consulta, 4) Información de la medida a consultar, 5) Análisis de la información, 6) Diálogo intercultural, 7) Acuerdos y 8) Definición de garantías de cumplimiento.

Las empresas demandaron desde hace años normar las consultas para saber a qué atenerse, pero el terreno de la discordia ya estaba sembrado. En base a las licencias los inversionistas cumplieron por lo regular con el debido proceso legal, pero desatendieron el debido proceso social. Se abrió una brecha entre legalidad no pertinente (escamoteando el Convenio 169) y legitimidad. Las empresas promovieron, con criterio de economía, estudios de impacto ambiental, que les legalizó el Estado, mientras las comunidades se dividían entre un primer círculo afín a las inversiones (porque recibían beneficios) y una amplia esfera de oposición (porque quedaron excluidos).

La brecha se ensanchó cuando los grupos comunitarios desarrollaron sus propias consultas al modo tradicional y las tradujeron al modo occidental mediante referéndum con boleta y urna, a veces sancionadas por las autoridades municipales. La brecha no solo se ensanchó, se profundizó cuando algunos inversionistas acudieron a empresas de seguridad dirigidas por agentes con cultura del pasado conflicto armado, y, a su vez, ciertos dirigentes comunitarios, excombatientes o exsimpatizantes de la guerrilla, se enfrentaron a aquellos. Así, los mismos agentes y sus herederos reprodujeron el conflicto, en el nuevo contexto. El Estado, en vez de distender y alentar fuerzas intermedias, cuando se hizo presente, alimentó el fuego. Parte de la comunidad internacional también tiene su pecado fortaleciendo el otro polo.

Por eso es que la Guía se volverá, al menos en el corto y mediano plazo, en otro centro de conflicto y no en un recurso de resolución. Hace falta hincar el diente al problema, que es el costo-beneficio, desfavorable para las comunidades. En el momento en que se les invite con garantías a ser socios del desarrollo, la ecuación excluyente se modificará y también la actitud de los pueblos. Lo vimos en Sudáfrica, Canadá y EE. UU. Y, para no ir lejos, en comunidades q’eqchi en Belice, donde han logrado autonomía para negociar con las empresas la explotación de riquezas en el subsuelo.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia Sputnik
Chef español revoluciona la alimentación con un cereal que se cultiva en el mar
noticia AFP
Costa Rica detecta variante sudafricana de COVID-19 en turista francés
noticia Luis Alfonso Herrera Cifuentes / DPI 2429 20519 0101
Por favor señor Alcalde

De último momento

MP presenta solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales

La Fiscalía contra la Corrupción tiene una investigación abierta que involucra a Morales. El expediente está relacionado a la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

noticia Luisa Paredes /elPeriódico

Más en esta sección

5 Minutos

otras-noticias

Acusados de financiamiento ilegal a la UNE buscan desligarse del proceso

otras-noticias

Socios de USAID preocupados por reformas a la Ley de ONG

otras-noticias

Publicidad