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Opiniones de hoy

Ábrete Sésamo

opinion

El Gobierno que debería encabezar la lucha contra la corrupción sigue agazapado mostrándose más bien como socio pasivo de dichas redes.

 

Como en el cuento de Ali Baba, una nueva cueva de exfuncionarios dedicados al saqueo del erario público ha sido puesta al descubierto, sumando ya muchos más de cuarenta, los amigos de lo ajeno a que hacía referencia el famoso cuento,  que resulta quedando corto a la par de los eventos nacionales. Los mal llamados patriotas que llegaron al gobierno con un meticuloso plan de cooptación y saqueo, siguen mostrando cómo sus principales figuras se organizaron para orquestar masivamente esquemas de fraude y corrupción a gran escala.

En Transparencia Interna-cional se le llama a este fenómeno “Gran Corrupción”, que se registra cuando en un país elites políticas y económicas orquestan un sistema de gobierno donde las decisiones estatales supuestas a operar bajo el precepto del bien común, son sustituidas por decisiones fundadas en negocios a gran escala utilizando las instituciones públicas como palanca para su realización. Como resultado, pequeños grupos de poder se enriquecen brutal e ilícitamente, a costa de abandonar los servicios públicos hasta dejarlos en quiebra financiera y moral y prostituir las instituciones que ya solo actúan bajo incentivos perversos de pago de sobornos y otras prácticas igualmente devastadoras.

En el nuevo caso revelado, queda claro el esquema de cooptación que sufrió la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde funcionarios y contratistas articularon un carrusel que otorgaba pagos atrasados solo a aquellos que daban el respectivo soborno, obviamente sin pasar por controles de calidad de la obra ejecutada. Los fondos obtenidos ilícitamente fueron destinados a la compra de suntuosos bienes y propiedades y en menor medida, invertidos en la campaña electoral de la estructura criminal revestida de una fachada de partido político.

El patrón se repitió en prácticamente todas las áreas de la administración pública, en Salud ha quedado al descubierto cómo los mismos proveedores de medicamentos moldeaban el listado de los mismos de acuerdo a su conveniencia, en seguridad conocemos ahora cómo valiosos recursos eran desviados incluso para favorecer a narcotraficantes, en aduanas la ya conocida estructura de “La Línea” dedicada al contrabando, en programas sociales se adquirían suministros que ni siquiera eran aptos para consumo humano, en la justicia jueces y magistrados puestos a dedo para amparar y cubrir los actos de corrupción. En otras palabras, un aparato estatal tomado como botín abierta y descaradamente.

Los capitales obtenidos fueron tan jugosos que todavía llegan en abundancia para emprender campañas anti-CICIG y MP, que pretenden resetear el sistema a antes de abril del 2015. Aprovechando el embudo que representa el obsoleto aparato judicial, aun en retaguardia, las redes criminales pretenden ahogar los casos, saturando y paralizando a los pocos jueces independientes que tienen ante sí la tarea de desmantelar finalmente las mismas.

El Gobierno que debería encabezar la lucha contra la corrupción sigue agazapado mostrándose más bien como socio pasivo de dichas redes, sin siquiera asumir el rol de Alí Babá que utilizó las riquezas mal habidas de los cuarenta ladrones, para provecho y gozo de los menos favorecidos. Las reformas institucionales y legales para sanear la administración pública y favorecer un nuevo pacto social basado en la meritocracia y la eficiencia, siguen huérfanas sin quién por ellas en ninguno de los tres poderes del Estado.

Las fuerzas detrás del Estado mafioso simplemente están alargando y profundizando la crisis nacional, con la expectativa que la población vea en la lucha anticorrupción una tarea inútil que no logra transformar el estado de cosas. Prefieren antes, alimentar fuerzas polarizantes que busquen mayores niveles de confrontación que distraigan el debate público, hacia terrenos estériles como en los que se mueve el país actualmente.

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