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Opiniones de hoy

Construcción y corrupción

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En el ya lejano 2012, el 11 de enero específicamente, este medio reportó que el futuro responsable de la cartera de comunicaciones del gobierno patriota, Alejandro Sinibaldi, anunciaba, con toda seriedad y sinceridad, como ahora lo sabemos, que “revisaría obra por obra antes de pagarla”. La trama desvelada ayer por el M. P. y la CICIG da cuenta que era el propio titular del MICIVI quien autorizaba el pago a las constructoras por los montos que se les adeudaba. Según el reportaje citado, Sinibaldi heredó del gobierno de la UNE una deuda no registrada de Q5.7 millardos y obligaciones contractuales por Q7 millardos; valga decir que él nada tenía que ver con la legalidad de esta cartera de contratos no pagados. Estas eran deudas que se originaron en el gobierno de la UNE y que, como bien lo afirmaba un conocido analista fiscal en el reportaje de 2012, hace falta “deducir responsabilidades sobre los ministros que suscribieron dichos contratos… se trata de un tema de impunidad ya que es ilegal adquirir compromisos de gasto sin respaldo presupuestario”.

 En este largo proceso seguramente irán surgiendo nuevos hallazgos e implicados. Resulta muy poco creíble que en un ministerio de las características del MICIVI, en donde existen departamentos enteros dedicados a la supervisión del avance físico y financiero de las obras, nadie más que el exministro estuviera al tanto de estas operaciones ilícitas. Reflexión que apunta hacia la importancia de mantener bajo estricta vigilancia dentro de esa cartera las funciones de supervisión de construcciones y control de inversiones financieras, las cuales están a cargo de varias dependencias dentro del MICIVI que tienen a su cargo el seguimiento y control de los contratos, aprobación de los pagos a las empresas contratistas y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y plazos de entrega las obras. No basta solo con capturar y acusar, también es reformar las condiciones subyacentes que facilitaron estos desmanes. Junto con las capturas y los juicios deben existir inmediatos procesos de reformas administrativas y legales que cierren estas oportunidades de corrupción. En caso contrario, estamos condenados a que se repita lo que sucedió con La Línea y las aduanas, dependencia que, al día de hoy, sigue sin experimentar una reforma profunda que haga desaparecer los factores que propician la corrupción.

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