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Opiniones de hoy

Otro comunicador asesinado

opinion

Según informaciones de prensa, la semana pasada fue asesinado Johnny Javier Guardado, comunicador y animador en el departamento de Petén. Fue atacado salvajemente con arma blanca por desconocidos en el municipio El Chal (Petén).

Con el asesinato de Guardado el número de comunicadores asesinados se elevó a 12 en los últimos 13 meses. En el año 2016 fueron asesinados nueve periodistas, en tanto que en el presente año se han registrado tres asesinatos.

El Artículo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone: “9) El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Asimismo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994, establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

Los asesinatos de periodistas son cobardes ataques contra el ejercicio de la libertad de expresión de ideas en nuestro país, la cual está reconocida y garantizada a todos los habitantes del territorio nacional por la Constitución y los tratados y convenciones internacionales ratificados por Guatemala (Declaración Universal de DD. HH., Convención Americana sobre DD. HH., etcétera).

Además, los Artículos 2 y 3 de la Constitución establecen que es deber del Estado de Guatemala garantizar a los habitantes del territorio nacional la vida, integridad y seguridad de las personas, obligación que, evidentemente, dista mucho de cumplir a cabalidad.

Por tanto, exigimos, en forma enérgica, al Gobierno de la República que, a través del Ministerio de Gobernación, y en conjunto con el Ministerio Público y los tribunales de justicia, cumpla con investigar el asesinato del comunicador Johnny Javier Guardado, con celeridad y prontitud, a fin de que los autores intelectuales y materiales, así como los cómplices y encubridores de dicho hecho de sangre sean detenidos, juzgados y severamente castigados, así como los crímenes contra otros periodistas y comunicadores que siguen sin esclarecerse.

Por otro lado, demandamos enérgicamente del Gobierno la inmediata adopción e implementación de un programa de protección de periodistas y comunicadores, que proteja y defienda la vida e integridad personal de los periodistas y comunicadores, que en esta particular etapa de la historia nacional se encuentran altamente vulnerables y están bajo amenaza permanente. Por cierto, esta demanda obedece a que el Gobierno se ha venido resistiendo a cumplir con el compromiso que contrajo en el año 2012 ante el Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas (Ginebra, Suiza), lo que, más temprano que tarde, redundará en una denuncia por incumplimiento.

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