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Opiniones de hoy

¿Cómo y por dónde empezar?

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El asunto es complejo, porque dada la forma como se organiza el Estado, las soluciones pasan por aquellos que tienen poco o ningún interés en gestionarlas.

En un reciente artículo, Jose Rubén Zamora pregunta cómo y quién rompe con la inercia que permita superar la etapa ‘difícil y compleja, con vientos fuertes de incertidumbre, de expectativas y percepciones moderadamente funestas’, que el país sufre; y, a partir de allí, se viabilice el camino al desarrollo y al progreso. No pretendo tener la respuesta y solo traslado algunas reflexiones.

A mi criterio, la clave se encuentra en el ámbito político, en donde se persiste en ignorar la importancia de lograr acuerdos políticos de largo plazo que nos integren como nación; y, sobre esa base, posibilitar el diseño y aplicación de políticas de Estado, independientemente de quién esté a cargo del gobierno.

Comencemos por superar el déficit de representatividad ciudadana y la inexistencia de verdaderos partidos políticos orientados por una visión de país, con ideología o al menos filosofía identificable, con capacidad de diálogo y voluntad de alcanzar acuerdos y de su respetuoso cumplimiento. Y así, dejar atrás los “partidos políticos” actuales que asemejan al azadón, solo para adentro, a favor de sus dueños y financistas, con escasa o ninguna ética política, con grandes déficits de formación política, cuya militancia no entiende de lo que se trata en la actividad política y la confunde como proveedora de un botín político que viabiliza la consecución de privilegios, ventajas para sus militantes, dirigentes, dueños, financistas y compadres, cuyos objetivos no son necesariamente los del servir a los ciudadanos, sino a entidades clientelistas que solo actúan en política para fines personales o sectoriales, pero no nacionales.

Pruebas de lo expuesto, abundan. Véase cuál es la actitud de los “poderes constituidos”, por ejemplo, en el Congreso, en donde no se vislumbra futuro ni para las reformas constitucionales, ni para la LEYDPP, ni para las leyes de Servicio Civil, ni de Aguas, ni otros innumerables temas que duermen el sueño en este caso de los injustos. Véase si no, en el Ejecutivo, el nombramiento en cargos públicos de diversas entidades de gobierno, desde la Presidencia misma, ministerios y dependencias, de personas a las que no se cuestiona sobre su idoneidad y capacidad para el desempeño del cargo, sino simplemente si cuentan con el beneplácito político –o más bien politiquero, de ser miembro del partido ganador, o propuestos por financistas, o consecuencia de un “acuerdo político” para quedar bien con amigos o sectores, en donde cae de su peso que el interés nacional, de los electores, viene claramente sobrando.

El asunto es complejo, porque dada la forma como se organiza el Estado, las soluciones pasan por aquellos que tienen poco o ningún interés en gestionarlas, porque medran de estas condiciones; y pasan también por la persistencia en el error de mantener el sistema presidencialista ya agotado, superado por todas las circunstancias y evidencias históricas, en las que ha mostrado abundantemente su incapacidad de sustentar una política de desarrollo de largo plazo, salvo raras excepciones, como la del periodo del presidente Juan José Arévalo. Y sobre el poder Judicial, ya suficiente se ha escrito para justificar la urgencia de los cambios constitucionales que se han promovido en el último año.

Cabe mencionar que, en un sistema parlamentario, estas crisis institucionales y de gobernabilidad, se inician resolviendo democráticamente con la disolución del Parlamento, la terminación de la gestión del gobierno de turno y la convocatoria a nuevas elecciones, en las que son los ciudadanos los que se expresan sobre la orientación y oportunidad de las políticas gubernamentales y sobre las personas que deberán ejecutarlas.

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