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Opiniones de hoy

No a la impunidad de empresas privadas

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El historial de una corporación revela el enorme nivel de ilegalidades que aguanta el gobierno.

 

Hace tres años un agente de seguridad privada, contratado por una empresa a la que se le advirtió –desde 2010– que actuaba fuera de la ley, le arrebató de manera súbita la vida a una valiosa defensora de los derechos de las mujeres, nuestra querida Patricia Samayoa. Resultado de un juicio se determinó que ese homicidio ocurrió como resultado de un evento de esquizofrenia del guardia armado, Mynor Guevara, de la ilegal Corporación Shield Security, S. A.

En otro proceso judicial que se sigue contra el empresario Agustín Carmelino Alvarado, por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y prestación ilegal de los servicios de seguridad privada, varias declaraciones testimoniales han hecho evidente el elevado nivel de impunidad en el que puede funcionar una empresa de ese tipo. Abrir fuentes de empleo no necesariamente merece el beneplácito incondicional, como exigen cámaras empresariales.

Este caso cobra relevancia porque en Guatemala, debido a la ineficiencia de las instituciones públicas encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, existe un número aproximado de 140 empresas que asumen tal tarea mediante la prestación de servicios en la que participan alrededor de 50 mil agentes privados y cuentan con 75 mil armas, actividad que a los propietarios les está dando importantes ganancias. Cómo no poner en duda los supuestos beneficios de la inversión privada para “el desarrollo del país”.

Alvarado es el dueño legal de la empresa Shield Security y es el propietario ilegal de la corporación con el mismo nombre, que contrató a Guevara, un enfermo mental con antecedentes penales, para supuestamente proporcionar seguridad a una cadena de farmacias en la ciudad capital.

Estar presente en varias audiencias de este caso me ha permitido conocer la forma aberrante en la que funciona la institucionalidad gubernamental encargada de fiscalizar a las empresas que dan servicios de seguridad. Shield Security tenía en posesión un número de armas superior al que requería el personal contratado, incumplía con los requisitos de las acreditaciones para personal operativo y con las obligaciones de capacitación para los agentes armados.

Según registros de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, la empresa referida desde hace siete años cometía una serie de violaciones de la normativa, por ello le hicieron inspecciones, le pusieron multas que nunca pagó y le hicieron llamados a corregir anomalías, pero la dejaban funcionar sin importar los riesgos que representaban tales irregularidades.

Además de las anomalías, esa empresa fue denunciada porque ocurrieron robos en colonias que Shield Security “protegía”, no entregaba videos que le eran requeridos, utilizaba armas robadas vinculadas a hechos ilícitos, de un total de mil agentes solo 143 tenían seguro social; todo ello fue insuficiente para que las autoridades gubernamentales le cerraran las puertas a esa empresa, tuvo que suceder la muerte de Pati para que ameritara su cancelación. Qué horror de impunidad. Y solo es el historial de una empresa.

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