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Opiniones de hoy

¡Dos reformas…!

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Lo ocurrido durante los últimos meses con el proceso de reformas constitucionales, evidencia lo inapropiado de los procedimientos de reforma vigentes.

La reforma constitucional relativa al Sector Justicia se encuentra prácticamente suspendida, ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia de concretarla oportunamente, pero también útil para traer a cuenta otras reformas constitucionales necesarias para hacer posible un proceso de cambio constitucional e institucional ordenado y previsible y no traumático e incierto como resultan ser los cambios constitucionales por los procedimientos vigentes. Al respecto, hay dos reformas constitucionales que son determinantes para mejorar las posibilidades de desarrollo de nuestro sistema político democrático y de la construcción institucional en el mediano y largo plazo.

La primera es la de asegurar una auténtica representatividad y legitimidad de los funcionarios electos, lo que necesariamente pasa por posibilitar la creación de distritos electorales pequeños (Artículo 157 constitucional) para elegir representantes con real respaldo ciudadano, lo que hace indispensable establecer el voto por personas y no por listas oscuras de candidatos con poco o ningún respaldo popular, que no necesariamente representan los intereses ciudadanos, sino los de quienes facilitaron condiciones y financiamiento de candidaturas y campañas. Sería ideal que con base en preceptos constitucionales que privilegian la dignidad de las personas y la importancia de su participación y representación política, pudiese reformarse la LEYDPP para establecer mayor número de circunscripciones electorales ya en vigencia para las elecciones de 2019. El licenciado Acisclo Valladares ha argumentado abundantemente sobre la conveniencia de establecer distritos electorales pequeños y sobre el voto uni- o plurinominal, como única reforma necesaria para superar la crisis político institucional del país. Así mismo, debería establecerse la revocatoria de mandato, facilitando al ciudadano el ejercicio de su derecho a ratificar su confianza en los electos, mediante un proceso de consulta democrática, de manera que quienes la pierdan sean relevados o removidos del cargo.

La otra reforma urgente para vislumbrar el horizonte en el largo plazo es el procedimiento de reforma constitucional (Artículo 280) por Asamblea Nacional Constituyente (Artículos del 3 al 46, Título II, Capítulo I) o por aprobación del Congreso y consulta popular para el resto de artículos. La ANC precisa gran esfuerzo institucional y económico, y genera incertidumbre sobre el resultado final; la Consulta Popular es traumática e incierta y fácilmente se convierte en un plebiscito sobre el gobierno de turno y es, además, altamente manipulable. Otro procedimiento de reforma (mayoría calificada por dos legislaturas consecutivas, por ejemplo) podría dar certeza de que los cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos y globales se reflejen sin rezago en la Constitución, tras un debate razonablemente amplio y profundo escenificado en y en torno al Congreso de la República.

Lo ocurrido durante los últimos meses con el proceso de reformas constitucionales, evidencia lo inapropiado de los procedimientos de reforma vigentes; pues, aunque se trata de reformas necesarias para favorecer una justicia justa, pronta y cumplida, no logran la aprobación por el Congreso de la República y, si esta fuese alcanzada, deberá aún ser aprobada por una consulta popular de imprevistos resultados.

Tarde o temprano, lo antes posible mejor, los guatemaltecos debemos enfrentar esta situación y alcanzar consensos sobre estas dos reformas indispensables para favorecer el desarrollo democrático, institucional y político de Guatemala en el largo plazo.

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