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Opiniones de hoy

Procedencia de nulidad de contrato portuario

opinion

A mediados de abril de 2016, la CICIG y el MP revelaron el escándalo de corrupción detrás del contrato de usufructo oneroso celebrado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a través del Subinterventor de esta, y la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), por el que la EPQ dio en usufructo oneroso a TCQ una fracción de 348,171.81 metros cuadrados del inmueble donde se localiza Puerto Quetzal, y otorgó a TCQ un contrato de obra (construcción de la terminal de contenedores) y la cesión del servicio público de “satisfacer la demanda de tráfico portuario, tanto para carga y descarga de mercaderías, como para el embarque y desembarque de personas”.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) impugnó de nulidad dicho contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), después de haber emitido opinión desfavorable sobre la citada contratación. En paralelo, el Juzgado de Extinción de Dominio (JED) decretó, como medida cautelar para la extinción de dominio, la intervención de la terminal de contenedores, cuya legalidad y viabilidad cuestionamos desde un inicio, ya que lo procedente es que se declare la nulidad absoluta del citado contrato, como lo ha planteado la PGN, para que dicho acuerdo no surta efectos jurídicos.

Ha trascendido que el JED se ha visto obligado a dejar sin efecto la ilegal intervención, por la vía de la extinción de dominio, y la terminal de contenedores ha vuelto a manos de TCQ, después de un largo e innecesario proceso de desfinanciamiento y desgaste institucional. Sin duda, este es un ejemplo de atajo a la ley, con miras a burlar el debido proceso.

Reiteramos que el referido contrato adolece de nulidad absoluta porque:

1) El Artículo 95 de la Ley de Contrataciones dice: “(…) se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio”. O sea que lo que realmente se dio fue una concesión del servicio público portuario, bajo la figura de “usufructo oneroso”; 2) Dado que la Ley Orgánica de la EPQ no contiene normas específicas sobre concesiones, debió aplicarse el Artículo 98 de la Ley de Contrataciones, que dice: “El régimen de concesiones establecido en este capítulo regirá en todos los casos en los que no exista otra ley específica que contenga normas de concesión para ámbitos especiales de aplicación”; sin embargo, no se observaron las normas de dicha Ley sobre concesiones de servicios públicos ni la concesión fue aprobada por el Congreso, conforme el Artículo 183, inciso k), de la Constitución; 3) El Artículo 96 de la Ley de Contrataciones dice que las concesiones deben someterse al procedimiento de licitación pública, extremo que se omitió; y 4) Si bien el Artículo 120 de la Constitución permite la intervención de empresas que prestan servicios públicos esenciales, como la EPQ, la Corte de Constitucionalidad, en opinión consultiva de 17 de septiembre de 2010 (Expediente 3174-2010), expresó que “la medida de intervención debe limitarse a posibilitar una adecuada administración del ente intervenido, con el fin de normalizar y tornar eficiente su funcionamiento”, por lo que la intervención de la EPQ no podía adoptar decisiones de largo plazo, que afectaren el dominio de inmuebles o en relación a la cesión del servicio portuario, como las concesiones.

En consecuencia, lo procedente es que el TCA declare la nulidad absoluta del mencionado contrato portuario, así como ordene el resarcimiento de daños y perjuicios, antes de cualquier negociación, licitación, concesión u operación.

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