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Opiniones de hoy

Funcionar no es la cuestión

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Es el desmantelamiento.

 

El Estado democrático se acerca a una nueva crisis de institucionalidad. El centro de gravedad está, otra vez, en el Congreso de la República. No es la primera ni será la última. La legislatura pasada estuvo paralizada durante casi dos años, a ciencia y paciencia del partido oficial, el PP, a causa de una interpelación promovida por el opositor partido Lider, hasta que la anterior Corte de Constitucionalidad desveló otra interpretación novedosa de la carta magna –a las que ya nos tenía acostumbrados- y ordenó la reintegración del Pleno para legislar. Lo más sorprendente es que las instituciones se paralizan y no ocurre nada. La sociedad sigue su marcha y esa normalidad solo exhibe la poca relevancia del Estado.

El Congreso ha venido acumulando tareas y trasladando la disfuncionalidad a otras instituciones. No integra la dirección del Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco (Conamigua), luego de fallidos nombramientos declarados por la CC. No ha vuelto a elegir representantes ante el Registro Nacional de las Personas (Renap), después que la misma CC anuló su decisión hace más de tres meses. Se mantiene desde hace ratos en la recta final para nombrar delegados ante la Junta Monetaria, tras otra anulación de la CC en marzo. Tampoco ha logrado conformar la oficina de prevención de la tortura, a pesar de que desde abril la Comisión de Derechos Humanos del Congreso eligió las ternas. A ver si no ocurre algo similar con el PDH, cuya terna quedó integrada hace diez días.

Lo que ha ocurrido con las elecciones mal hechas del Congreso, es que se descuidó el criterio de idoneidad y las formas más elementales. Por eso le han corregido la plana desde fuera. Al recuperar el control de la Junta Directiva en septiembre pasado, las estructuras económico-políticas ilícitas desplazadas pensaron que recobrarían el poder completo. Restablecieron algo, pero el entorno ya no es el mismo. La ciudadanía está alerta. La prensa cumple estrictamente su labor. Y el Ministerio Público y la CICIG continúan su travesía, desmantelando redes de corrupción y crimen. Por todo eso se han frustrado los intentos de auto-amnistía de los diputados (extendida a otros afectados) y ahora están en cuestión los bonos salariales de los diputados. Quién sabe qué pasará con las reformas a la Ley de Presupuesto, que, si pasan, les dejaría las puertas de par en par a los diputados para disponer de la obra pública, su “resarcimiento”, pues no les ha caído mayor negocio.

En resumen, lo que ahora hace una crisis de institucionalidad no es la parálisis de las instituciones, pues no afectan a casi nadie, solo deterioran el funcionamiento del Estado, su imagen y una calidad ya maltrecha de servicios. Lo que hace la crisis es su depuración judicial, cuya marcha sigue y solo anticipa, en el corto plazo, mayor degradación, si acaso los procedimientos establecidos o por establecer –por ejemplo, reformas constitucionales, sanción de leyes y nombramientos idóneos– no se aplican. Así, ensimismado y acorralado, el Congreso instintivamente horada su propio foso. Aún está por verse si es ahí donde hacen implosión los muros del Legislativo.

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