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Opiniones de hoy

Cabildeo en EE. UU.

opinion

Resulta llamativo que el primer mandatario y una coalición del Congreso, según lo reportado por Barnes & Thornburg ante la Unidad de Registro de la Foreign Agents Registration Act, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones del Departamento de Justicia recurran a cabilderos, lobbystas, para tratar de influir en el diseño de legislación, políticas públicas o decisiones administrativas del gobierno de EE. UU. a favor de los intereses de Guatemala, sean cuales sean estos intereses. Aunque puede resultar difícil para nosotros entender para nosotros el papel de esta actividad dentro de la política norteamericana, sobre todo por las connotaciones de opacidad y tráfico de influencias que tiene en nuestro imaginario, allá es una actividad que se práctica de forma abierta y regulada. No es esta la primera vez ni será la última que políticos o funcionarios públicos locales recurran a la contratación de firmas de cabildeo en EE. UU. Ya en el año de 1953, durante el período de Árbenz, el Gobierno de Guatemala contrataba servicios de cabildeo en EE. UU.; desde ese entonces es común que con cierta frecuencia distintas entidades gubernamentales recurran a este tipo de servicios.

Aunque esta contratación genere suspicacias, tampoco debe sobredimensionarse el hecho, salvo que existiera algún ilícito en todo el proceso. De no existir nada de esto, lo que hicieron los diputados y el presidente Morales no tiene nada de novedoso ni de oculto. Al menos, no para la justicia norteamericana y para el resto del mundo gracias a la tecnología. Desde 1938 existe en EE. UU. una ley específica que obliga a las firmas de cabildeo a registrarse ante el Departamento de Justicia cuando en representación de intereses extranjeros traten de influir sobre actividades políticas o cuasi-políticas en aquel país. Influencia cuyos resultados, como dicen los ticos, “están en la cola de un venado”. Quienes ofrecen estos servicios se curan en salud al incluir cláusulas contractuales en donde estipulan que, dados los riesgos e incertidumbre que envuelven el proceso de tratar de influir sobre decisiones regulatorias o administrativas del gobierno, no se comprometen a nada en concreto. Es así como, de ser cierta la supuesta motivación de la contratación, vanas ilusiones se hacen los contratantes y sufren de más los supuestos perjudicados.

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