Que se invoque la figura de Árbenz Guzmán, supone para los pequeños grupos del capital, cuyos dineros –casi sin excepción– provienen de expolio agrario, protección –y privilegios– del Estado militarizado y la venia eclesial, un equivalente, de invocar a Satanás. La sola mención de Jacobo les provoca terroríficos escalofríos en la espina dorsal; cambia su plácido sueño por horribles pesadillas, en las cuales sus extensos fundos, se van fraccionando, al embrujo del arado campesino, cuyas enormes legiones, marchan acompasadas por la Internacional. En el delirio de la alucinación logran atisbar cómo los gringos los abandonan. Que la protección de Sam, no existe más. Por el contrario, este se confabula con los rusos. Y ya en el paroxismo de la pesadilla gritan ¿Y ahora, quién podrá defendernos? un espíritu simiesco, contesta: Yo. Y con su inconfundible mano blanca, empieza, en siniestro rito mágico, a desaparecer campesinos; que sin saberse cómo, aparecen muertos, flotando en el mar. No hay habeas corpus que prospere. La pesadilla termina. El fundo reverdece. Los campesinos encorvan la espalda “y conformes”, trabajan la tierra del patrón.

A qué el prolegómeno: la reciente iniciativa de Ley presentada al Congreso de la República por el diputado Leocadio Juracán, encendió las alarmas de La Cañada y altos de Santa Catarina Pinula. Vociferaron los portavoces: Se trata de una iniciativa que busca confrontación, es una propuesta desfasada, sin viabilidad política. Este país –sic– debe desarrollarse por la vía de la industrialización y la apuesta tecnológica. No dijeron cómo se haría, menos de dónde obtendrán los agentes tecnológicos. Otros argumentaron debilidades técnicas en la iniciativa. Nadie. Me refiero al capital y corifeos, argumentó ¿por qué la Reforma Agraria –como propone el diputado– no es una ruta al desarrollo de este país? ni dijeron cuál es su propuesta, para superar hambre y pobreza en campos y ciudades, e iniciar el rumbo al desarrollo. Puedo aceptar, que calcar el Decreto 900 –Ley de Reforma Agraria de Árbenz– a seis décadas de su emisión, obliga a adecuarla a la altura de los tiempos. Sin embargo: equidad en la propiedad agraria, como fuente de democracia, social, económica y política es correcto. El fin de la exclusión principia con el acceso a la tierra. Detener su acaparamiento es cuestión –hasta– de sentido común.

Estamos frente a una propuesta profunda, de alcances históricos. Ese, a nuestro juicio debe ser el mandato parlamentario: Legislar para transformar. Un Estado regulador del mercado y no al revés. La equidad nunca partió de los agentes del mercado.