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Los bajos niveles de inversión pública están afectando el comportamiento de la economía nacional.

 

La administración pública del Estado guatemalteco ha alcanzado el máximo nivel de incompetencia. Ahora la baja recaudación tributaria, siendo todavía la más baja del continente, ya pasó a ser un tema secundario ante la ineficiencia que representa la baja y mala calidad del gasto e inversión pública de lo poco que se recauda.

Ya entrado el sexto mes del año, la mayoría de instituciones públicas no superan la ejecución del 20 por ciento de su presupuesto, quedando los servicios y prestaciones públicas desatendidos en el mejor de los casos, pero cada vez más abandonados. Ni siquiera los préstamos que llevan años de haber sido aprobados y sobre los cuales recaen pago de intereses, y que debieron haberse finalizado hace muchos años, logran ejecutarse.

 La parálisis que afecta a la administración pública tiene varias causas. La menos importante pero que agudizó el problema es producto de la coyuntura que vive el país desde el 2015, cuando por primera vez se empezó a perseguir delitos de cuello blanco perpetrados por altos mandos, que aumentó el costo de la corrupción que era el principal incentivo de participar en la toma de decisiones. Una vez ese incentivo se encareció en términos de temor a ser investigado, la decisión fue no tomar más decisiones.

Los bajos niveles de inversión pública están afectando el comportamiento de la economía nacional que sufre además de una baja de inversión privada también atribuida al temor que han generado las investigaciones penales de corrupción en el sector empresarial. En otras palabras, los dos motores de la economía nacional requieren un overhaul completo para salir de la parálisis que termina afectando a la mayoría de la gente que no encuentra un empleo y sufre los malos servicios públicos.

En el gobierno urge una reforma integral en al menos tres pilares de la gestión pública. Un nuevo marco normativo para las compras y licitaciones que promueva transparencia con eficiencia. La actual ley con sus últimas reformas solo ha contribuido a ser más engorroso y no necesariamente más transparentes los procesos. Como resultado tenemos desabastecimientos, infraestructura colapsada y malos servicios en general. El nuevo marco normativo debería contener simplemente un listado corto de principios rectores tales como transparencia, eficiencia, calidad, etcétera, obligatorios cumplir en todas las compras públicas. En el reglamento debería desarrollarse en detalle los procesos para cada sector (medicinas, obra gris, papelería, telefonía, tecnología, etcétera) de manera que los ajustes puedan ser más agiles y no esperar un cambio de la ley que siempre es más engorroso por el trámite legislativo.

El segundo pilar es la administración de los recursos humanos. No habrá forma de mejorar la calidad del servicio público mientras la mayoría de funcionarios de la supuesta alta gerencia sean contratados fuera del régimen. Urge una reforma integral que ponga en funcionamiento sistemas de evaluación de desempeño que rijan los ascensos y sanciones que hoy en día brillan por su ausencia. El buen servidor público difícilmente logra reconocimiento e incentivos para alcanzar por sus méritos los principales puestos de toma de decisión, casi todos asignados políticamente a dedo.

Y el tercer pilar corresponde al de auditoría gubernamental. Se requiere un sistema menos formalista que se enfoque en calidad del gasto y menos en el cumplimiento de procedimientos y requisitos formales que llevados al extremo han contribuido a la parálisis que observamos hoy en día, sin que los mismos garanticen más transparencia.

Sin una reforma de estos tres pilares urgente, solo nos queda esperar ver más y peor de lo mismo, pues cualquier plan o proyecto será simplemente irrealizable. Increíblemente tanto en el Gobierno como en el Congreso, parecen estar cómodos de espectadores viendo cómo se funden los motores del desarrollo nacional.

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