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Opiniones de hoy

¡Qué amparitis, ni qué ocho cuartos!

opinion

El amparo no debe ser visto bajo una óptica de tramitadores.

 

Hace unos días, un promotor de la restricción del amparo, así como de la reforma de la Ley de Amparo (que es una muy buena) con ese fin, me expresó que había que erradicar la “amparitis”, dándole así el carácter de patológico al pretendido “abuso del amparo” por los abogados defensores de los interesados, lo que, según él, está redundando en el entorpecimiento y retardo de los procesos y procedimientos, así como en un exceso de trabajo en los tribunales de amparo.

Por supuesto, este interlocutor no repara en la generalizada violación de derechos fundamentales, abuso de poder y notorias ilegalidades en que incurren a diario las autoridades gubernativas, administrativas, edilicias y judiciales en la substanciación o tramitación de los procesos y procedimientos, que no se logran subsanar en las instancias ordinarias, y que se traducen en despojos, confiscaciones, persecuciones arbitrarias, exacciones y excesos en general, y que solo mediante el amparo se pueden reparar o restablecer.

Nuestra Constitución y los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por Guatemala establecen que el derecho de defensa es inviolable. Esto supone que la defensa de las personas y sus derechos no puede menoscabarse, restringirse, limitarse o coartarse. El amparo es el medio de defensa por excelencia, toda vez que es la garantía de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, reconocida por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), así: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada (…) no tiene Constitución”.

En reiteradas oportunidades, he señalado que el retardo de los procesos judiciales no se debe a la interposición de amparos por los interesados, sino a que los juicios se detienen de facto aunque no se haya decretado amparo provisional (suspensión de la resolución o actuación impugnada), lo que es exclusivamente imputable a los juzgadores por incumplimiento de la ley, y no a las partes.

Asimismo, he insistido en que los tribunales de amparo deberían disuadir a las autoridades de amenazar y violar los derechos fundamentales de las personas, a través de condenarlas al pago de las costas y al resarcimiento de los daños y perjuicios causados, de lo cual se abstienen los tribunales de amparo cuando declaran procedentes los amparos, a pesar de que está previsto en la Ley de Amparo. De ahí que las violaciones de derechos no disminuyan.

En cuanto a que la recurrencia al amparo es causa de congestionamiento y exceso de trabajo en los tribunales de amparo, esto no es un problema inherente al amparo, sino que un asunto administrativo y presupuestario que debe ser abordado sin demora. Lo que no se vale es que se pretenda restringir el amparo para aligerar la carga de trabajo en dichos tribunales. ¡Por favor, para eso están!

Finalmente, el amparo no debe ser visto bajo una óptica de “tramitadores”, sino como lo que es, como la garantía básica de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas. En todo caso, la pretensión de hacer nugatoria dicha garantía, a través de sancionar incluso con suspensión del ejercicio profesional y con la cárcel a los abogados auxiliantes, para inhibirlos de defender los derechos de sus defendidos, o de imponer restricciones absolutas, equivale a dejar a las personas en estado de indefensión frente a los abusos y notorias ilegalidades en que incurren quienes ejercen el poder público.

En suma, ¡qué amparitis, ni qué ocho cuartos! El amparo es la garantía de efectividad de los derechos fundamentales de las personas, de los gobernados, frente a los incesantes e insufribles abusos y notorias ilegalidades de las autoridades estatales, de los gobernantes, por lo que su plena vigencia y eficacia es un baluarte de la libertad y del Derecho. En todo caso, estoy convencido de que la restricción del amparo, abriría la puerta a la opresión y al despotismo.

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