En este pueblo estamos acostumbrados, a que aun y cuando determinadas leyes, contienen aspectos, que pueden favorecer a los pueblos, en litigios en que son actores. Regularmente los fallos –del Constitucional, para el caso– no reconocen la totalidad de derechos reivindicados. Verbigracia sentencias de pretéritas cortes, sobre la Consulta Popular, en donde se afirmó, que esta, efectivamente, es un derecho de los pueblos, pero –siempre hay un: pero– su resultado no es vinculante, en relación a proyectos extractivos. Otras veces han resuelto, amparándose en el formalismo leguleyo –el caso del reo Ríos Montt, es emblemático– en el cual por “defectos de procedimiento” se anuló la sentencia emitida. Crearon –como se ve– una figura inexistente en la Legislación. Ese caso nos recordó aquello de: Cristo o Barrabás.

Afirman los Maestros de la Ley, que sus resoluciones, buscan proteger otros “valores”. Por ejemplo, salvaguardar La inversión. Se extralimitan a nuestro juicio. Su función principal es procurar el cumplimiento de los Derechos Constitucionales. Por ejemplo, al agua y no ser perturbado en legítima posesión y forma de vida. Sin embargo, en el caso Oxec, afirma la Corte:

“Se comprobó, que no se cumplió con lo prescrito en el Convenio 169”, y –generosos que son– fijan un año para que se cumpla. No ordenan sanción alguna para aquellos que otorgaron, anómala licencia, de uso irregular de las aguas; por el contrario: la empresa hidroeléctrica, puede terminar de instalarse y seguir operando, lo que en términos prácticos significa, apropiarse de las aguas del río Cahabón. La Corte viola su mandato: favorece el interés particular sobre el interés social. Y más aún, el plazo de un año otorgado para consultar al pueblo –año– que podrá ser extendido cuantas veces sea necesario; cuando “la tardanza en realizar la consulta” no sea responsabilidad de la empresa. Al estilo Guate y su “efectiva” institucionalidad esto podrá llegar hasta el fin de los tiempos, sin hacer consulta alguna. Siempre habrá formas de evadirla. Así que, nuestros alrevesados jurisconsultos, –algunos de ellos, señalados por dudosos comportamientos previos al ejercicio de la Magistratura– ponen primero la carreta y después los burros. Dejan empresa, instalada, funcionando y mandan que posteriormente, se consulte al pueblo: una vez despojado de su agua: ¿qué le pareció el expolio? ¿está usted agradecido? Absurdo derecho aquel.

El empresariado, eufórico, ahora propone: “consultas reparadoras” reconocen, que causan daño, que la extracción es depredadora. Lo bizarro será, preguntar al pueblo –democráticos que son– cómo y dónde quiere ser enterrado. Una vez muerto de sed.