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Opiniones de hoy

¡Más abusos de Maduro!

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El despropósito del desgobierno de Venezuela, de vender bonos de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) a un tercio de su valor nominal.

Ha trascendido en redes sociales (twitter), el despropósito del desgobierno de Venezuela, de vender bonos de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) a un tercio de su valor nominal. La operación consistiría en que el Tesoro venezolano, o la tesorería de PDVSA, recibiría al momento de realizar la transacción, unos US$840 millones, suma que al momento del repago, al plazo de cuatro o cinco años, salvo mayor información aún no disponible, deberá ser igual a su valor facial de US$2 mil 800 millones, más intereses según las condiciones financieras contenidas en estos documentos, reservándose los compradores unos rendimientos a cuatro años plazo, de aproximadamente el 83 por ciento anual sobre el monto invertido. Habría que preguntarse quién está detrás de la entidad financiera estadounidense que gestiona la negociación, pues esta puede estar actuando como intermediaria, –que suele suceder frecuentemente– y resultar ser otros, incluso miembros del mismo régimen venezolano, los que resultarían beneficiados con tales rendimientos, cobrables cuando ellos ya no estén allí, y un nuevo gobierno inteligente y honesto cargue con estas obligaciones producto de los desbarajustes y abusos del actual.

Me parece poco probable que tal despropósito se concrete porque, en primer lugar, aparte de constituir una traición al pueblo venezolano, significa vender títulos valores de una empresa otrora sólida que, debido a los desaciertos de la política económica y financiera del régimen y de una pésima administración empresarial, se encuentra ahora en las tristes condiciones de vender a precios de saldo o retazos, sus obligaciones financieras, antes bien cotizadas en el mercado financiero internacional; y, en segundo lugar, porque de otorgarse a este financiamiento la garantía del Estado venezolano, que es lo que se pretende, el Ejecutivo o la empresa o entidad que fuere no está en capacidad legal de contratarlo sin la previa aprobación de la Asamblea Legislativa de la República Bolivariana de Venezuela (baste señalar los Artículos 187, numerales 7, 9, 12 y 18; el 193 numeral 3; y, el 236 numeral 13, todos de la Constitución venezolana vigente) por lo que tales contratos son nulos de pleno derecho ya que no puede el Presidente de la República ni nadie más, arrogarse funciones que constitucionalmente corresponden al Poder Legislativo. Puede pensarse que el intento del TSJ venezolano a finales de marzo, de arrogarse para sí las funciones legislativas, podría haber tenido la motivación de superar las limitaciones constitucionales para realizar semejante barbaridad, trasladándose para sí, las facultades que corresponden al Poder Legislativo, entre ellas la aprobación del endeudamiento estatal, para ser ejercidas por un organismo del Estado venezolano, como el TSJ, que tiene ya largo tiempo de hacerle los mandados al régimen de Maduro. Esa deuda no podría ser pagada por ningún gobierno en funciones.

Algo similar ocurrió en Guatemala con la abultada deuda y leoninas condiciones financieras contratadas por Corfina para la instalación de la planta Celulosas de Guatemala, S. A. –Celgusa–, encontradas en 1986 por el Gobierno del Presidente Cerezo, cuando una misión de cobro procedente de España se encontró con la noticia de las autoridades económicas guatemaltecas, relativas a que tal contrato de crédito no gozaba de garantía ni aval del Estado, por no haber llenado el requisito constitucional establecido en el Artículo 170, inciso e) de la Constitución de la República de Guatemala vigente al momento de la firma del instrumento jurídico que formalizó ese endeudamiento.

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