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Opiniones de hoy

Piensa mal, y acertarás

opinion

Las reformas al sector Justicia y su gato encerrado.

 

Ya me manifesté, en su momento, que me parecía muy bien el reconocimiento constitucional de la Justicia Indígena –muy bien, pero innecesario, puesto que se encuentra ya reconocida.

El Artículo 66 de nuestra Constitución Política reconoce, en efecto, la justicia de las comunidades indígenas e incluso, en forma más amplia aún puesto que reconoce su organización.

En otras palabras, me parecía muy bien pero no como el reconocimiento invocado sino como la ratificación del ya existente y que no precisa sino del desarrollo que ordena el Artículo 70 de la Constitución, norma constitucional que como otras permanece incumplida.

Contrariamente a que esta reforma me parecía muy bien, no como reconocimiento, reitero, sino como ratificación del mismo –nada nuevo introducía– me parecieron muy mal muchas de las otras reformas como aquella que le quita al Ministerio Público su función esencial –velar por el estricto cumplimiento de las leyes– su peligrosa e inaceptable conversión en esbirro.

Existe queja en cuanto a que los procesos penales se encuentran entrampados, echándosele la culpa a la interposición de amparos y a la lentitud de los jueces.

Con respecto a esto último –la lentitud de los jueces– si tal fuere el caso –existen remedios previstos por la ley: El ejercicio de acciones penales en contra de los juzgadores responsables por los delitos de incumplimiento de deberes y de retardo malicioso o culpable en la Administración de Justicia.

¿Dónde se encuentran los procesos en contra de los jueces por esta lentitud?

¿Incumplimiento de deberes por aquellos que, en ejercicio de la acción penal –están obligados a hacerlo– deberían acusarles?

La no persecución del retardo malicioso o culpable en la administración de justicia –delito– también constituye un delito: Tanto incumplimiento de deberes habría, pues, en unos como en otros.

Dada la falta de procesos por los delitos señalados parecería ser –entonces– que no existe tal retardo o, al menos, retardo en la administración de justicia que se les pudiera imputar a los jueces.

Con respecto al amparo –bien lo señala Mario Fuentes Destarac– tan solo puede entorpecer el proceso si se concede el amparo provisional –amparo provisional de la resolución o del acto reclamado que se concede en muy especiales ocasiones– no teniendo efecto suspensivo alguno la sola interposición del mismo.

La maña de suspender el desarrollo del proceso sin que exista un amparo provisional concedido debe perseguirse –debe perseguirse pero no se persigue– como lo que al final de cuentas constituye: un retardo culpable o malicioso de la administración de justicia.

Las resoluciones de los jueces en contra de las leyes o de las pruebas constituyen el delito de prevaricato y, si tantos prevaricatos se dieren –cuajados deberían estar los tribunales de las acciones persiguiéndolos.

Es imposible que nuevas normas se apliquen a los procesos penales que están en marcha, salvo que favorezcan al reo, puesto que estas, en efecto, no pueden tener efecto retroactivo alguno si no le favorecen y, en consecuencia, pareciera ser como que si la persecución penal quisiera ponerse en manos de otros jueces –de jueces ad hoc– de jueces que sean propios de los perseguidores para que las persecuciones emprendidas –y las que quieran emprenderse– lleguen a buen fin.

No importaría ya, entonces, si se tienen pruebas o si no se tienen como tampoco si se tienen o no, fundamentos legales: Teniendo la acusación a los jueces de su lado toda acusación, por mediocre que fuere, llegaría a buen fin: En otras palabras, se nos sometería a una descarada apuesta por el “buen” prevaricato, jueces que sigan las corrientes de la acusación, incluidas las mediática.

No importa si hubo o no genocidio si se cuenta con jueces que, aunque no lo haya habido, condenen a quienes deba condenarse –las condenas políticamente correctas que se hacen necesarias– como tampoco si hubo o no hubo evasión fiscal o corrupción o delito: Lo importante es que se tengan jueces que condenen, innecesarias las normas y las pruebas.

El más grave de los peligros que existe en todo esto es que aquellos que prevariquen “para el bien” ¡Cuánta “buenitud”! quiérase o no, se encontrarán dando el primer paso para hacerlo para el mal.

¿No es esto lo que se quiere con las reformas: acusadores que ya no velen por el estricto cumplimiento de las leyes y jueces que “prevariquen para el bien”?

Pues bien, si no es así –tal y como están planteadas– tal es la impresión que causan y sería tal, su resultado.

El poder político debe buscarse en el Congreso –distritos pequeños, períodos cortos, cortas campañas, campañas baratas, postulándose el que quiera– y no por medio de los jueces.

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