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Opiniones de hoy

Compromiso justo…

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La justicia en una relación Estado – Pueblo debe ser bilateral y aplicada a todos por igual…

Hablando de la forma como la SAT está persiguiendo a las empresas y empresarios que han evadido impuestos en períodos fiscales anteriores y actuales, en muchos casos por mala interpretación de la ley o prácticas equivocadas, se vería con buenos ojos, desde el punto de vista de cumplimiento de la ley y que todos pagaran lo que tienen que pagar, si se hiciera de una manera diferente.

La forma tipo “cacería” como lo hacen, impacta fuertemente en las empresas, en la inversión, en el ambiente de negocios y en la economía, creando un pánico generalizado en el sector empresarial. Informan de forma grotesca a través de los medios de comunicación los nombres, montos e información de los hechos, sin considerar que la información lleva muchas veces adornos y mensajes nocivos para la imagen y posición comercial de las empresas.

El pánico creado con toda la información pública, es nocivo para el mercado al crear incertidumbre y desacredita el ambiente propicio y credibilidad para la inversión. Hay Empresas que mejor se retiran o sacan sus capitales fuera, y no quiere decir que esté mal que la SAT busque la forma de que se paguen los impuestos según la ley, pero la forma como lo están haciendo es lo que crea esta situación y todos hemos sido víctimas en algún momento del mismo sistema corrupto en las aduanas y el Estado.

Siendo la SAT una autoridad y el ente recaudador de los impuestos, debería de realizar una labor directa y en privado con cada empresa para que se ponga al día y pague sus impuestos, no se trata de buscar enfrentamiento ni revanchismo y que todo el mundo lo sepa, porque no tiene sentido, pues el mismo Estado debe ser aliado de la iniciativa privada y el sector productivo del país en una visión conjunta de desarrollo de Nación.

Si consideramos que la iniciativa privada y sector empresarial tienen el compromiso de cumplir con la ley que está establecida, en términos fiscales y de toda índole, también el Estado y los gobiernos tienen el compromiso de cumplir con la ley que le corresponde y estar claros que se deben al pueblo, que es por quienes deben trabajar y garantizar su seguridad y el bienestar común.

Así como ciudadanos económicamente activos, tenemos el compromiso de pagar impuestos y cumplir con la ley, el Estado debe entregar y reportar a sus habitantes de forma transparente a dónde se invertirá cada centavo de los recursos y de la recaudación fiscal. Hay que recordarse que los funcionarios del Estado son servidores públicos que se deben a Guatemala y deben trabajar por ella, no son patrones ni dueños de nada, que dominan y tienen bajo su poder y a su antojo a sus habitantes, porque eso sería abuso de poder en un Gobierno

dictador y prepotente.

Está imperativo que los habitantes de Guatemala tengan el compromiso de cumplir con la ley, sin embargo, más aún los funcionarios del Estado la deben cumplir y dar el ejemplo. Por qué no hablamos de lo que no hacen o lo hacen con malas prácticas pasando sobre la ley, como el robo, el despilfarro y mal manejo de los recursos del Estado.

Supuestamente lo recaudado de los impuestos debe ser manejado con transparencia y austeridad. Se habla de un país con problemas para que el presupuesto de la Nación alcance, con déficit fiscal, con altos niveles de endeudamiento etcétera… Pero nadie habla de los excesos, robos y despilfarros en todos los rubros de la operación del Estado, en seguridad de funcionarios un gasto de cientos de millones, plazas fantasmas, consultorías, gastos de representación, y las compras y contrataciones extremadamente sobrevaloradas.

Entonces, no existe calidad moral por parte del Estado y sus instituciones. ¿Se podrá exigir al pueblo que cumpla con la ley, si el mismo Estado es el que más la infringe? Es un tema para que piensen y hagan las cosas como debe ser. Estamos claros que es un compromiso pagar los impuestos, pero también estamos claros que debemos recibir a cambio ventajas y beneficios en servicios públicos dignos, seguridad, infraestructura y oportunidades de trabajo y todo esto no existe o es de la peor calidad.

La justicia en una relación Estado – Pueblo debe ser bilateral y se debe aplicar a todos por igual.

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