Los gobiernos que reprimen la libertad de pensamiento y de expresión, que impiden el libre juego de opiniones, que encarcelan a los disidentes y críticos, demuestran que en esencia son débiles y pusilánimes, que temen a los ciudadanos, que no están seguros de contar con la confianza de los gobernados y que consideran a sus adversarios como enemigos acérrimos a quienes hay que encarcelar, exiliar o destruir.

En distintos países de América Latina (Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba) se han consolidado regímenes intolerantes y opresivos, violadores de los derechos fundamentales, concentradores de poder político, enemigos de la libertad y esencialmente antidemocráticos.

El Principio 4 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión celebrada en México D.F., el 11 de marzo de 1994, dice: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

Decir la verdad sigue siendo peligroso en nuestro país dado que los enemigos de la libertad de prensa se mantienen al acecho. Los abusivos, intolerantes e intransigentes siguen en escena y, como siempre, no escatiman esfuerzos para reprimir a los periodistas y comunicadores, cuya principal misión es ser intermediarios entre las fuentes de información y los receptores de esta, en el marco de la objetividad, la imparcialidad y la veracidad.

Por consiguiente, no cesan los impunes ataques y las agresiones contra los periodistas y comunicadores, aunque es deber del Estado garantizar y proteger la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad de ellos, así como reprimir los hechos punibles perpetrados contra quienes ejercen la libertad de prensa.

Por tanto, exigimos al Estado que proteja y garantice el pleno ejercicio de la libertad de prensa, sin restricciones o censura de naturaleza alguna, a través de una política pública clara de respeto, prevención y represión de los ataques y agresiones contra periodistas y comunicadores. No pedimos más que la aplicación de la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.

Asimismo, demandamos del presidente Jimmy Morales que cumpla con su palabra de institucionalizar un Programa de Protección de Periodistas, que proteja la vida, integridad personal, seguridad y derecho de acción de periodistas y comunicadores, a través de mecanismos de prevención y represión de los delitos contra quienes ejercen la libertad de prensa.

Finalmente, reiteramos nuestro repudio a los canallas que, desde el anonimato, han venido aprovechándose de la libertad de expresión de ideas para atacar, insultar y destruir a comunicadores y periodistas que odian, adversan, recelan, temen o envidian.