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Publicidad de patrimonios de funcionarios

opinion

La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (LPRFEP) dispone que la declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que, bajo juramento, deberán presentar ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo o empleo; y, al cesar en el mismo, como requisito indispensable para que se le extienda el finiquito respectivo. Es decir que la declaración jurada patrimonial es una proclamación de bienes que los funcionarios deben entregar a la CGC al iniciar y al cesar en su función.

Asimismo, la Constitución establece que todos los actos de la administración estatal son públicos y que los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Bajo ningún punto de vista puede tenerse a la declaración jurada patrimonial presentada por los funcionarios como información privada proporcionada por particulares, que son quienes no tienen título o empleo que les distinga de los demás o aquellos que, como individuos, no ostentan autoridad pública o no representan a ningún organismo o entidad estatal; y, por ende, dicha declaración no puede estar revestida de confidencialidad (secreto o reserva), por lo que debe tenerse como pública, es decir del pueblo, susceptible de divulgación irrestricta y de libre acceso para los ciudadanos.

No obstante, la LPRFEP también dispone que los datos proporcionados por los funcionarios dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse proporcionados bajo garantía de confidencia; y, asimismo, prohíbe su divulgación por cualquier medio y que solo podrán verificarse dentro de un proceso judicial. Inequívocamente, esto último es incompatible con la Constitución que consagra el principio de máxima e irrestricta publicidad de los actos de la administración estatal, porque otorga garantía de confidencialidad a las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por funcionarios (que no son particulares), las que no pueden tenerse como datos suministrados por particulares.

Por tanto, la impugnación presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en mayo de 2015 (hace dos años), a fin de que se declare inconstitucional y sin vigencia la norma ordinaria que otorga el carácter de confidencial a las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios, es razonable, atendible y pertinente. De esa cuenta, la CC debería declararla procedente sin seguir dándole más vueltas al asunto.

Por supuesto, lo anterior sin perjuicio de que el Congreso, dado que la CC inexplicablemente no resuelve, debería modificar la LPRFEP en el sentido que se suprima la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, dando pie a que la ciudadanía conozca los patrimonios de los funcionarios, al inicio y al final de sus gestiones, a fin de establecer, por sí mismos, si se enriquecieron ilícitamente o no en el desempeño de los respectivos cargos públicos, sobre todo ahora que la SAT tiene acceso a las cuentas bancarias de los contribuyentes.

Señores diputados, en vez de seguir cargando con impuestos a la ciudadanía y decretando presupuestos estatales desfinanciados, despojen de la coraza de confidencialidad a los patrimonios de los funcionarios. ¡Quien nada debe nada teme!

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