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Opiniones de hoy

Gangrena política

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Transformación del Estado = Simbiosis reformismo-revolución popular.

Haciendo una revisión rápida, pero crítica de la legislación aprobada durante 2015-2017 (coyunturalismo post-La Línea), el balance en mayor medida es regresivo y antidemocrático, donde el tufo oligárquico-militar está subyacente a través de la aprobación de la Ley de Empleo, Simplificación Tributaria (la de ganaderos y salarios mínimos están en salmuera), la presentación de iniciativas como la Ley de Protección de la Familia (paranoia ultraconservadora contra matrimonio homosexual y aborto), la infructuosa reforma al Código Penal para beneficiar a acusados por corrupción (cesación del encarcelamiento), entre otras.

La desfachatez y arrogancia parlamentaria pro-impunidad queda al desnudo ante la feroz resistencia y contraataque hacia la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia, lograron escabecharse el pluralismo jurídico (el miedo a la jurisdicción indígena en el fondo es por la propiedad, uso y tenencia de la tierra), menguar la carrera judicial, y no hay interés para aprobar amparo y antejuicio.

En esencia, la alianza transpartidaria pro statu quo y establishment se rearticula, el bloque en el poder lanza una guerra abierta contra el MP, CICIG, EE. UU. y fuerzas progresistas (el fantasma de proReforma ronda los corrillos del Congreso), sienten que el Leviatán erigido hace casi dos siglos se desmorona.

Dicha trinchera dominante sale a la restauración del enclenque sistema político y del “modelo” de desarrollo económico, una receta neoliberal que produce alta conflictividad socioambiental y exclusión, una macroeconomía que rentabiliza las utilidades bancarias, monetarias y crediticias de los grupos de capital (empresas offshore), pero que no reduce la pobreza y desigualdad, solo somete más al país.

Por ello, ante las persecuciones penales han implementado un régimen de caos, desorden y anomia frente a los “enemigos de la democracia de finca”, las acciones van desde la consolidación del modelo desregulador del trabajo (flexibilidad y tiro de gracia al IGSS), la especulación financiera, la evasión y elusión fiscal, defraudación aduanera, la remilitarización de instituciones públicas claves, las campañas negras internacionales contra diplomáticos, la profanación de la esperanza, la privatización de bienes de dominio público para el extractivismo y energía, la drástica reducción del gasto social (salud, educación, vivienda y empleo) y la criminalización de las comunidades organizadas que defienden osadamente sus territorios, identidades y vidas.

framont@gmail.com

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