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Opiniones de hoy

Vivienda, un sector estratégico

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Hasta que cada guatemalteco tenga casa propia lograremos la tan ansiada paz social.

Se considera que en la actualidad existe un déficit habitacional de un millón y medio de casas. El crecimiento poblacional, migraciones internas y constitución de nuevos hogares hace que la demanda por unidades habitacionales se incremente constantemente cada año; haciéndose imposible atender a una demanda sin posibilidad económica para adquirir una vivienda digna. Las migraciones del campo a los centros urbanos son tan grandes que las opciones de albergar a las familias son las de alquilar cuartos, asentarse en lugares sin servicios municipales o “paracaidistas” que sobreviven en laderas y barrancos. Lugares insanos, precarios y en condiciones de hacinamiento que han dado origen en gran medida al surgimiento de las pandillas juveniles.

Han surgido programas limitados de apoyo internacional que hacen donaciones para gente de escasos recursos, y subsidios públicos que ayudan a las personas a pagar parte del costo de las viviendas, pero que desafortunadamente han sido mal utilizados, con fines políticos y clientelares. Iniciativas efímeras con constructores coludidos con funcionarios públicos a través de sobreprecios o cobro de anticipos en proyectos donde no se hizo una sola casa.

Para impulsar la vivienda popular se necesita de un andamiaje jurídico donde se creen fondos de inversión, entidades que inspeccionen la calidad de las construcciones y de instituciones financieras de primer y segundo nivel que aporten los recursos económicos a largo plazo. Uno de esos sistemas que ha funcionado muy bien en Guatemala es el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA– que otorga al inversionista un seguro hipotecario. Desde su fundación hace un poco más de cincuenta años provee vivienda a unas 5 mil familias anualmente dirigido a la clase media, personas que con su solo esfuerzo adquieren sus viviendas a largo plazo. Pero, no cubre a las clases populares que no tienen capacidad de pago. Se necesita entonces desarrollar políticas de Estado para atender a las personas que se encuentren en la base de la pirámide.

Para ello se necesita invertir recursos a largo plazo y de sistemas que permitan dar liquidez a los contratos, a través de la titularización de activos hipotecarios afianzados o asegurados. Y de fondos previsionales que, por estar constituidos con recursos de largo plazo, puedan financiar casas a plazos extendidos. Para movilizar los recursos se necesita de entidades intermediarias como pueden ser: Microfinancieras, ONG y Cooperativas de Ahorro y Crédito; organizaciones que ya cuentan con una cobertura a nivel nacional y con historial y récord crediticio de personas de estratos de menores ingresos en todo el país lo que facilitaría la calificación de los clientes.

Entre los mecanismos financieros innovadores que apoyarían a los sectores excluidos y del sector informal, se encuentran los microcréditos, garantías, depósitos frecuentes para completar los enganches y el leasing habitacional que busca sustituir el pago del alquiler por una renta a largo plazo. La población de ingresos menores requiere forzosamente de un “subsidio” que lo debe otorgar en forma directa el Estado, a través de las entidades financieras. La asignación de dichos recursos necesita de mecanismos de supervisión y fiscalización que permita el manejo correcto de los fondos públicos.

La idea es masificar la construcción de vivienda para gente de pocos ingresos que pudieran provenir de recursos nacionales de las partidas presupuestarias que no se ejecutan –Fondo Común– que servirían para construir miles de viviendas. Hasta que cada guatemalteco tenga casa propia lograremos la tan ansiada paz social.

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