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Opiniones de hoy

La mejor medida de la justicia

opinion

La sana incertidumbre.

 

Desde abril de 2015 Guatemala ha venido atravesando un proceso de transformación sustantiva en sus relaciones de poder, que aún no se asimila. A diferencia de los eventos de los dos últimos siglos cuando el poder se transformaba a través de revoluciones y golpes de Estado, es decir, mediante la intervención directa de fuerzas políticas y militares en pugna, esta vez ocurre aplicando los instrumentos de la justicia.

El nuevo orden que se implanta tiene una sola consigna que es la sujeción universal a la ley. El mensaje es que nadie queda fuera de su jurisdicción, por intimidante que sea su poder. No es una nueva ley la que se impone, sino la aplicación del cuerpo jurídico que hasta entonces nos habíamos dado, y sobre el cual navegó a todo vapor y sin importar las consecuencias, la nutrida flotilla de la impunidad contaminando extensa y profundamente la nación. En 2016 el Congreso se vio forzado a acompañar el proceso de implantación del Estado de Derecho con una visión preventiva en las más de 40 normas que aprobó. De esa manera lo que hasta entonces se había logrado por presión, sin apartar el dedo de la ley, quedó ahora sujeto a una legislación más explícita y desarrollada.

La reforma constitucional en el campo de la justicia resume el propósito de fortalecer el sistema, pero sobre todo pone a prueba la voluntad de los poderes establecidos de acuerpar el proceso de afianzamiento del Estado de Derecho, con sus beneficios (vivir en una sociedad en donde quien la debe, la paga) y sus costos (eventualmente sufrir en carne propia la transgresión de las normas). En cambio, lo que ha despertado la convocatoria a edificar progresivamente un nuevo pacto social es la resistencia abierta y encubierta de los poderes establecidos.

Como no sería muy inteligente (solo un poco cínico) proclamar que en el reino de la impunidad y la corrupción se han forjado algunas de las grandes fortunas, emporios políticos, bunkers sindicales y ascensores sociales ilegítimos, o sea, estables zonas de confort a costas del desarrollo nacional y de erosionar la confianza de la sociedad, es astuto hacer vibrar la cuerda nacionalista pues, además, recluta a los desorientados y sin causa.

Falta que el chovinismo anti-reformas cree un frente con portadores de la diversidad ideológica para llamarse nacional. Falta también que quienes están por el imperio de la ley hagan lo mismo. Al cabo, el dilema de Guatemala no es ideológico. Pero el verdadero riesgo no radica en el extremismo vociferante sino en el discurso gatopardista, pues encierra la vocación del poder unilateral que vació de contenido la democracia, respondiendo a la disensión política con persecución judicial, premiando la chambonería política con fallos judiciales y convirtiendo la justicia en un nido de intereses políticos y comerciales espurios. Es el del “sí, pero no” (necesitamos reformas, pero no esas, es decir, ninguna); “sí, pero no ahora” (dar largas). La cultura del poder autocrático se manifiesta por su aversión a todo lo que no controla. La mejor medida de la justicia es que ningún poder en particular la controle. Es la sana incertidumbre de un Estado de Derecho.

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