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Opiniones de hoy

Asesinato de director penitenciario

opinion

El sábado pasado, en el parque central de la ciudad de Escuintla, el Director Temporal de la Prisión de Alta Seguridad ubicada en Escuintla, conocida como El Infiernito, José María Pérez Corado, de 50 años, fue asesinado a balazos.

Cabe recordar que el funcionario asesinado, con 17 años de servicio ininterrumpido en el Sistema Penitenciario, asumió el referido cargo en febrero de este año, después de que 164 pandilleros de la mara Barrio 18 fueran trasladados a esa cárcel de máxima seguridad, para evitar que continuaran cobrando extorsiones desde los reclusorios.

Asimismo, debe tenerse presente que antes del traslado de los mareros al referido centro carcelario, las autoridades habían anunciado que las cárceles habían sido remozadas y que se habían habilitado bloqueadores de señales de teléfonos móviles para evitar que los privados de libertad extorsionaran desde el centro penitenciario.

Aumentó, pues, la larga lista de operadores de justicia (juzgadores, fiscales, investigadores, abogados, policías y demás funcionarios y empleados de las instituciones del sector justicia) que han sufrido persecución, ultrajes, agresiones, amenazas y muerte en nuestro país, en muchos casos por el simple hecho de contribuir decisivamente en la búsqueda de la verdad y a que la ley se cumpla en nuestro país.

Sin embargo, esta zozobra permanente en que viven los operadores de justicia pareciera que no es percibida por las más altas autoridades del Estado, porque para comenzar no se suministran los recursos económicos necesarios y suficientes para el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Sistema Penitenciario), ni, por consiguiente, los requeridos para proteger la vida, la integridad física y la seguridad de los operadores de justicia y de sus familias.

El grueso de los recursos estatales está destinado a la acción clientelista y electorera de la partidocracia, y no a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la sociedad guatemalteca, tales como la justicia y la seguridad, lo que es considerado como un crimen de lesa patria.

En nuestra opinión, la muerte de un operador de justicia es una tremenda pérdida, porque desmoraliza a todos los restantes operadores de justicia y agiganta la psicosis y el temor en que vive nuestra sociedad de cara al crimen organizado y a las bandas delincuenciales.

elPeriódico repudia y condena enérgicamente el execrable asesinato del funcionario penitenciario José María Pérez Corado, así como de los otros operadores de justicia que han muerto violentamente en el desempeño de sus delicados cargos, y exige de las autoridades estatales el pronto esclarecimiento de estos hechos de sangre, que nos siguen retratando ante el mundo como un país violento, inhóspito e irredento.

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